Se trata de un conjunto de procedimientos para actuar con respaldo judicial inmediato para detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas, incluso en altamar, con total respeto por los derechos humanos. Mediante proyecto de ley, el Gobierno presentó al legislativo el Procedimiento Especial de Interdicción Marítima (Peimar), herramienta fundamental para frenar delitos en aguas nacionales e internacionales, proteger la soberanía y garantizar los derechos humanos en alta mar. La iniciativa busca dotar a la Armada Nacional de un instrumento legal innovador frente a delitos transnacionales, que incluye audiencias virtuales desde las unidades navales con el fin de evitar interrumpir misiones, garantizar la defensa de los capturados cumpliendo estándares internacionales y aplicar tecnología de punta en los procedimientos. El proyecto establece que el cuerpo de guardacostas podrá ejercer funciones especiales de policía judicial, legalizar capturas a más de 24 millas náuticas en máximo 36 horas e inspecciones, manejo de evidencia y coordinación directa con la Fiscalía General de la Nación. La Armada Nacional garantiza que puede incorporar en seis meses las capacidades tecnológicas y capacitar a su personal para implementar el Peimar, con pleno respeto del debido proceso y de las normas internacionales. “La herramienta le permite a Colombia dar un paso histórico en la lucha contra el crimen organizado en el mar, ser más eficiente en la lucha contra el narcotráfico y garantizar el debido proceso", indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien con su colega de Justicia, Eduardo Montealegre, radicaron el proyecto. Las herramientas jurídicas propuestas, dijo el ministro Montealegre, permitirán “evitar delitos de narcotráfico y hacer operativos en situaciones de flagrancia y cuasi flagrancia, o cuando exista alguna evidencia que le permita a la Armada inferir que se está cometiendo un crimen". El 40% del territorio colombiano es marítimo y por sus aguas transita el 98% del comercio internacional del país, además del 85% del tráfico marítimo del canal de Panamá. Estas condiciones exigen una respuesta legal moderna y coordinada, explicaron los funcionarios. Según organismos internacionales, el 80% de la cocaína que sale de Suramérica lo hace por vía marítima. Este nuevo procedimiento blindará jurídicamente las operaciones, aumentando la seguridad y protegiendo la soberanía nacional.