La Corte Constitucional declaró que el Ministerio de Salud incumplió las órdenes para garantizar el acceso oportuno a los servicios médicos, al no definir los tiempos máximos de espera ni implementar un registro confiable que mida las demoras reales de los pacientes en el sistema. La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 concluyó que luego de tres años esa cartera no ejecutó las actividades incluidas en los cronogramas que ella misma presentó, modificó plazos sin justificación y entregó datos que no coincidían con los del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Según este organismo, los usuarios deben esperar entre 40 y 60 días para obtener una cita con especialistas . El Tribunal advirtió que los tiempos de atención en urgencias aumentaron desde 2020, pasando de 22 minutos en promedio a 26 en 2021 y 2022, y 24 en 2023, lo que representó un retroceso. En medicina general, el 40% de los departamentos superó el plazo máximo de tres días fijado por la norma, mientras que en odontología general la cifra llegó al 33%. En cuanto a consultas con especialistas, la información reportada por el IETS mostró que la espera puede superar los 100 días en áreas como cardiología y ortopedia. Para pediatría el tiempo promedio fue de 77 días y para ginecología 47, cifras muy por encima de lo permitido. La Superintendencia Nacional de Salud informó que más de la mitad de las peticiones, quejas y reclamos de los usuarios (53,5%) se relacionaron con la falta de oportunidad en las citas con especialistas. Además, entre 2021 y 2023 aumentaron las acciones de tutela para exigir el acceso a consultas médicas: pasaron de representar el 12,4% al 22,2% del total en el país. La Defensoría del Pueblo también reportó más de 18.000 quejas en 2023 por falta de oportunidad en la atención, especialmente en medicina especializada, medicamentos y urgencias. En sus análisis, la Corte resaltó que una de las causas de la demora es la escasez de especialistas en el país. Colombia cuenta con 1,5 médicos especialistas por cada 1.000 habitantes, frente al estándar internacional de 3,5. Además, el 72% de ellos se concentra en las principales ciudades, lo que agrava la situación en las zonas rurales y dispersas. En su Auto 1174 de 2025, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, la Corte declaró el nivel de cumplimiento bajo y ordenó al Ministerio de Salud acatar las medidas contenidas en autos anteriores (584 de 2022 y 999 de 2023). Asimismo, dispuso que la Superintendencia de Salud continúe reportando las investigaciones y sanciones contra EPS e IPS que demoren la atención de los pacientes. El magistrado Vladimir Fernández Andrade aclaró su voto, mientras que la Sala reiteró que el incumplimiento de las órdenes puede dar lugar a incidentes de desacato y sanciones disciplinarias. BOGOTÁ, (Colprensa).