La excanciller Laura Sarabia respondió ante los señalamientos de la ayuda del gobierno para lograr que Carlos Ramón González evadiera la justicia tras su imputación por la corrupción en la UNGRD. Pese a que la ayuda que habría recibido González para huir de la justicia hacia Nicaragua se hizo durante la administración de Sarabia, la exfuncionaria aseguró que no sabía ni participó en este nuevo escándalo. “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”, dijo. Por su parte, el concejal Daniel Briceño aseguró que denunciará por varios delitos a Sarabia y a los funcionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua, al haber ayudado a González a obtener residencia en Nicaragua para evadir la justicia en Colombia. “Es vergonzoso”, afirmó. Este nuevo escándalo al interior del gobierno Petro se conoció este jueves, cuando Noticias RCN reveló documentos sobre el paradero del exdirector del Dapre, hoy prófugo de la justicia y con orden de captura por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sin embargo, la gravedad del caso aumenta al conocerse que el mismo Gobierno habría ayudado al exfuncionario a huir de la justicia y refugiarse en Nicaragua. Entre los documentos revelados se encuentra una carta enviada por la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual solicita renovar la residencia de González, quien está próxima a vencerse. El documento precisó que el hoy prófugo de la justicia se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, por lo cual desde el gobierno colombiano piden al gobierno de Daniel Ortega “apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”. Ante el pedido, curiosamente realizado el mismo día de la audiencia de imputación realizada por la Fiscalía contra González, se conoció un segundo documento expedido por el Ministerio del Interior de la República de Nicaragua que dio aval a esta solicitud para renovar el estado migratorio del exfuncionario. González habría pagado 56 dólares para adelantar este trámite y permanecer de forma legal en Nicaragua, huyendo de la justicia luego de que la Fiscalía lo acusó, en su calidad de director del Dapre, de haber solicitado contratos por un valor de $60.000 millones para el entonces presidente del Senado Iván Name, y más de $10.000 millones para el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, ambos funcionarios hoy detenidos. /Colprensa