El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó este jueves desde Buenaventura sobre los graves impactos económicos y legales que una controversia jurídica entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Grupo Portuario S.A. amenaza con generar al Estado , al tiempo que hizo un llamado a implementar acciones estratégicas que garanticen la modernización y eficiencia del sector portuario ante la inminente finalización de múltiples concesiones a partir del año 2032. La advertencia se produjo durante el Foro sobre la Política Pública Nacional Portuaria, donde el Contralor destacó tanto los avances del modelo de concesiones como los desafíos pendientes. Desde la transición del monopolio estatal de Colpuertos a un esquema mixto en 1991, la capacidad de movilización de carga del país creció de 21 millones de toneladas en 1995 a más de 400 millones en 2024. Sin embargo, Rodríguez señaló que actualmente solo se utiliza el 50% de esa capacidad, ya que en el último año se movilizaron 181 millones de toneladas. Para afrontar los nuevos retos del comercio internacional, se aprobó el CONPES 4118 de 2023, que traza una hoja de ruta con inversiones estimadas de $10,7 billones en los próximos 15 años y que, a diciembre de 2024, presentaba un avance del 38,5% en su implementación. El foco principal de la preocupación de la Contraloría es la situación del Muelle 13 de Buenaventura, donde la disputa entre la ANI y el concesionario Grupo Portuario S.A. podría acarrear serios riesgos fiscales y jurídicos para la Nación. La entidad informó que ha acompañado el proceso para prevenir posibles impactos económicos y logísticos en un sector estratégico para el comercio exterior. Adicionalmente, el Contralor anunció un hallazgo fiscal contra la ANI por la gestión del contrato con la Sociedad Portuaria Puerto Solo. Durante su intervención, el Contralor presentó varias oportunidades de mejora para la política portuaria, entre las que destacó la necesidad de establecer un plan estratégico que prepare al país para la reversión de al menos 19 concesiones portuarias a partir de 2032. Asimismo, propuso revisar la regulación con la que hoy se calcula la contraprestación que los concesionarios pagan a la Nación y la forma en que estos recursos se invierten para el mejoramiento y mantenimiento permanente de los accesos marítimos y fluviales a todas las zonas portuarias del país. Finalmente, resaltó que conviene evaluar una distribución más homogénea de los planes de inversión a lo largo de la vida útil de los contratos de concesión, para garantizar que también se destinen recursos de inversión en los tramos finales de los mismos. El funcionario también hizo un llamado a la Sociedad Portuaria para que asuma su responsabilidad en el pago de los impuestos prediales al Distrito de Buenaventura. En un tema de carácter social, el Contralor se refirió a las denuncias ciudadanas sobre la falta de entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el distrito. Tras conocer que cerca de 50.000 niños se encuentran sin esta cobertura, se comunicó directamente con el Ministro de Educación para urgir los desembolsos necesarios. Según el comunicado, el ministro atendió el llamado y se comprometió a revisar la situación para actuar con prontitud. Al finalizar, Rodríguez Becerra reconoció el papel de Buenaventura como uno de los ejes más relevantes del sistema portuario, que en 2024 movilizó el 38% de las exportaciones y el 34% de las importaciones del país. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura lideró la operación en la región, con más de 8 millones de toneladas movilizadas. /Colprensa