La Alcaldía de Santa Marta, a través de la Alta Consejería para la Paz y el Postconflicto, respondió públicamente a las recientes denuncias sobre la presunta filtración de un oficio confidencial enviado por defensores de derechos humanos, y defendió su actuación institucional ante la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad y la Sierra Nevada. La alta consejera para la Paz y el Postconflicto de Santa Marta, Jennifer del Toro Granados, emitió una respuesta oficial a través de su cuenta personal en X, frente a las recientes denuncias sobre la presunta filtración de un oficio confidencial enviado por defensores de derechos humanos, y defendió las acciones realizadas por la Alcaldía Distrital ante la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad y la Sierra Nevada. La aclaración fue publicada por la Alta Consejera como respuesta directa a un pronunciamiento hecho por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, quien, tras conocer el caso, escribió en su cuenta de X: “¡Esto es muy grave! En Santa Marta, defensores de DD. HH. alertan sobre crisis humanitaria en el Magdalena y terminan denunciados por la filtración de su denuncia a un grupo armado de la Sierra Nevada. Yo espero que la institucionalidad del Distrito haya dado las explicaciones y proteja la vida de los líderes locales que han enfrentado a los violentos y trabajado por la paz, como Norma Vera Salazar y Lerber Dimas”. La declaración de Navarro se produjo tras la denuncia hecha por Lerber Dimas, defensor de derechos humanos y director de la Plataforma de Defensores de la Sierra Nevada (PDHAL), quien afirmó haber sido demandado por injuria y calumnia luego de enviar, junto a Norma Vera Salazar, un oficio confidencial alertando sobre la situación humanitaria en Santa Marta. Según Dimas, el documento fue filtrado desde una entidad distrital hacia un grupo armado con injerencia en la Sierra Nevada. Frente a estos señalamientos, la alta consejera Jennifer del Toro explicó que el 11 de abril de 2025, la Alcaldía Distrital y ocho entidades locales y nacionales recibieron el oficio en cuestión, el cual fue atendido mediante una ruta institucional de protección. En ese marco, se solicitó a la Unidad Nacional de Protección un trámite de emergencia para reforzar las medidas de seguridad de los denunciantes; a la Fiscalía General de la Nación, una investigación sobre los hechos reportados, dentro del patrón de criminalidad que afecta a la región; y a la Defensoría del Pueblo, la actualización de la Alerta Temprana Regional, además de convocar una sesión nacional del Comité Interinstitucional para la Respuesta Rápida (CIPRAT), liderada por el Ministro del Interior. Igualmente, se activó una sesión extraordinaria del Subcomité de Prevención y Protección para hacer seguimiento a los casos. Del Toro precisó que el 21 de abril se recibió una segunda comunicación que advertía sobre la presunta filtración del oficio inicial a un grupo armado. En consecuencia, ambos casos (el del 11 y el del 21 de abril) fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento del artículo 67 de la Ley 906 de 2004, que obliga a los funcionarios públicos a reportar posibles delitos. “La Alcaldía de Santa Marta actúa con diligencia y transparencia frente a estos hechos, y rechaza señalamientos imprecisos que generan confusión”, afirmó la señora Del Toro, subrayando que toda denuncia penal debe estar sustentada con pruebas, responsables y detalles específicos. La funcionaria también destacó los esfuerzos de la administración distrital en el desmantelamiento de estructuras criminales, el respaldo a los diálogos sociojurídicos impulsados por el Gobierno Nacional, la consolidación del control territorial y el acompañamiento a comunidades rurales con enfoque de paz y desarrollo. Finalmente, la Alta Consejería reiteró su rechazo a cualquier forma de estigmatización contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, y reafirmó el compromiso institucional con la transformación del conflicto armado y la construcción de la paz en Santa Marta y la Sierra Nevada.