El representante a la Cámara Carlos Carreño, del Partido Comunes, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente exigir a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) una parte de su salario mensual. Los recursos, según testigos y documentos en poder del alto tribunal, habrían sido usados para cubrir gastos personales y campañas políticas del congresista, quien en la antigua guerrilla de las Farc era conocido como alias Sergio Marín. La investigación, revelada por Noticias Caracol, señala que desde asesores hasta conductores de la UTL habrían tenido que entregar entre $200.000 y $3.640.000 mensuales, dependiendo de su salario. Estos dineros fueron destinados, presuntamente, a pagar camisas para campañas, mensualidades en una cadena hotelera y matrículas universitarias de Carreño. Uno de los registros entregados a la Corte muestra que con los aportes se realizaron pagos a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), con conceptos como "pago semestre SM", iniciales que corresponderían a Sergio Marín. Ricardo Vargas, exasesor del congresista, declaró que entregó más de $10 millones de pesos en efectivo durante su paso por el Congreso. “Él se echaba la plata al bolsillo”, dijo ante el alto tribunal. La declaración más detallada es la de Irene Amado, asistente personal del congresista y sobrina de Griselda Lobo, viuda de ‘Tirofijo’. Amado aseguró que la exigencia económica fue una “orden directa” del representante y que quien no cumplía con los pagos era reprendido. Afirmó que Carreño les advirtió: “Dígame quién no quiere dar la plata porque aquí estos contratos son de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea”. Según la testigo, se le instruyó no dejar soportes de los pagos, ya que el congresista “sabía que no era correcto”. También reveló que varios miembros de la UTL participaban en un grupo llamado Las Lamparitas, creado para ayudarle a Carreño con trabajos universitarios.   El exregistrador delegado para lo Electoral, Nicolás Farfán, explicó que a los funcionarios de las UTL se les prohíbe hacer aportes a partidos o campañas, lo que agravaría la situación legal del representante. A esto se suma un chat revelado entre integrantes de la UTL, en el que se evidencia la distribución de tareas académicas para cumplir con los estudios del congresista. Además, hay registros de giros realizados durante las elecciones regionales de 2019, uno de ellos por $2.300.000, entregado directamente a Carreño “para la campaña”, según la contabilidad de Amado. Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, no se pronunció debido a problemas de salud.