El Ejército Nacional negó que exista una estrategia institucional para declarar “loco” a José Leonairo Dorado, exagente de inteligencia y testigo clave ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como lo denunció una publicación reciente de la Revista Cambio. Según la institución, el traslado del compareciente a una clínica psiquiátrica fue ordenado por profesionales de la salud y se realizó conforme a la ley penitenciaria. El Ejército explicó que los procedimientos aplicados en el Establecimiento de Reclusión del Cantón Militar de Puente Aranda (CPAMS EJEPO) se realizaron “conforme a los protocolos y competencias penitenciarias establecidos en la Ley 65 de 1993”. Indicó que, cuando una persona privada de la libertad manifiesta requerir atención médica, se activa el protocolo de manera inmediata. Añadió que toda atención médica, así como los diagnósticos y epicrisis, están protegidos por una cláusula de reserva y solo pueden ser divulgados mediante orden judicial o solicitud expresa de la familia del recluso. “El traslado se hizo conforme a lo recomendado por profesionales de la salud”, explicó el Comando del Ejército, al señalar que los dictámenes médicos no fueron emitidos por autoridades penitenciarias sino por personal médico calificado. En respuesta al artículo titulado “Operación silencio: la macabra estrategia del Ejército para intimidar y declarar loco a uno de los principales testigos de la JEP”, la institución cuestionó que se vincule al Ejército con acciones irregulares, y sostuvo que cumplió exclusivamente con su deber de garantizar atención médica. “Llama la atención que el medio de comunicación publique una acusación que compromete a una institución que no hizo más que garantizar atención médica a una persona que la requirió”, indicó el comunicado. Asimismo, concluyó que las disposiciones del Ejército “jamás han estado orientadas a la realización de actos contrarios a la ley”, y reiteró que su misión se enmarca en los principios del Estado Social de Derecho y el respeto a la Constitución. La situación jurídica de Dorado, recordó la institución, está en manos de la jurisdicción competente y no bajo el control del Ejército Nacional. Según la investigación periodística, el testigo habría sido llevado inicialmente al Hospital Militar para una resonancia por dolores de cabeza, pero fue trasladado a la Clínica Santo Tomás como paciente psiquiátrico sin haber sido evaluado previamente por un especialista en salud mental. Cambio documentó que el acceso a Dorado fue negado inicialmente a su familia, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, y que solo tras la intervención de estas instituciones se permitió el ingreso de su hija, un funcionario de la Defensoría y un representante del Ministerio Público. En presencia de ellos, Dorado afirmó estar en la clínica en contra de su voluntad y negó padecer problemas psiquiátricos. La revista también señaló que el exagente ha sido víctima de hostigamientos desde que brindó su testimonio ante la JEP, y que sus declaraciones han sido clave en casos como el ataque al Palacio de Justicia, el genocidio de la Unión Patriótica y el hallazgo de restos humanos en la antigua Brigada 20. (Colprensa).