Por

CARLOS HERNÁN

RODRÍGUEZ*

El 2024 cerró con una cifra que debería estremecer al país: el 89% de los colombianos afiliados al sistema de salud se encuentra en EPS que no cumplen con los indicadores financieros mínimos exigidos por la ley. De 29 EPS activas, solo 6 cumplen con las condiciones de habilitación financiera y de solvencia, y apenas atienden al 10,9% de los afiliados. Esto no es un problema técnico: es una alerta roja sobre la sostenibilidad del modelo de aseguramiento y la protección real del derecho fundamental a la salud.

Hoy el sistema de salud colombiano enfrenta una crisis estructural de tal magnitud que no admite paños de agua tibia. El pasivo acumulado de las EPS alcanza los 32,9 billones de pesos; se han girado recursos crecientes desde el Estado -más de $87,8 billones por concepto de la UPC solo en 2024-. Sin embargo, la deuda con prestadores, clínicas, hospitales y operadores farmacéuticos continúa creciendo. Esto significa que los recursos públicos sí están llegando, pero no se están gestionando con la eficiencia ni la transparencia necesarias.

No basta con aumentar los giros. Si el sistema pierde su capacidad para transformar esos recursos en atenciones efectivas, oportunas y continuas, estamos ante un colapso funcional, no solo financiero. En 2024, a las EPS les radicaron facturas por más de $14,7 billones en medicamentos, de los cuales les pagaron $13,3 billones, situación que golpea especialmente el acceso relacionado con la cadena de suministro farmacéutico. La deuda total con los gestores farmacéuticos asciende a $2,8 billones y es una de las principales causas del crecimiento de las más de 1,6 millones de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) radicadas el año pasado.

A esto se suma un fenómeno que no se puede seguir ignorando: la ineficacia de las intervenciones administrativas. Más de 29 millones de afiliados están en EPS bajo medida de vigilancia o intervención, pero no se ha logrado revertir la situación crítica de estas entidades ni mejorar sustancialmente la calidad del servicio. El caso de DUSAKAWI EPSI, intervenida por más de 12 años y con 20 prórrogas sucesivas, es un símbolo de cómo una medida cautelar sin resultados convierte en rutina institucional, algo que debería ser transitorio.

En paralelo, la Nueva EPS -hoy la más grande del país- no ha presentado estados financieros certificados para 2023 y 2024, presenta un patrimonio negativo y lidera el número de PQR. Su situación representa un riesgo de primer orden para la estabilidad del sistema en su conjunto.

El modelo de aseguramiento -creado con la Ley 100 de 1993- muestra un desgaste evidente: de 157 EPS autorizadas, hoy solo quedan 29. Cada liquidación genera un efecto dominó que impacta las EPS receptoras, sobrecargándolas operativa y financieramente. Esta situación pone en juego no solo la estabilidad del sistema, sino la continuidad de tratamientos, la asignación de citas, el acceso a medicamentos y, en última instancia, la vida misma de millones de colombianos.

No podemos reducir el debate únicamente a la necesidad de aumentar el presupuesto; también es fundamental mejorar los mecanismos de control sobre el gasto de esos recursos.

Desde este órgano de control, proponemos avanzar en una concertación nacional técnica y transparente, que permita articular acciones concretas entre el Gobierno, los entes de control, los actores del sistema, el Congreso y la ciudadanía. Esta concertación debe promover la construcción de un sistema con trazabilidad total de los recursos, garantizando que cada peso invertido en salud cumpla con su propósito social. Es necesario fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control, dotándolos de mayor capacidad técnica y operativa, así como implementar un sistema de auditoría integral sobre las cuentas médicas y los contratos. Todo ello debe darse en el marco de un esquema de transición ordenado, que no traslade nuevos riesgos ni barreras de acceso a los usuarios.

Como Contraloría, nos corresponde vigilar el uso de los recursos públicos, pero también alertar cuando estos recursos no se traducen en resultados tangibles, por ello se requieren decisiones estructurales, integrales y urgentes. El sistema de salud no resiste más evasivas ni diagnósticos parciales. Hay que actuar con responsabilidad técnica, pero también con compromiso ético ante al padecimiento y necesidades de los usuarios.

*Contralor General de la República