Un total de 263 hectáreas que pertenecieron al exsenador Héctor Julio Alfonso López, hijo de la fallecida empresaria Enilce López, alias ‘La Gata’, serán entregadas a familias campesinas y víctimas del conflicto armado en el corregimiento de Doña Ana, en San Benito Abad, Sucre. El predio fue recuperado en un proceso conjunto entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según explicó la ANT, la recuperación del predio se dio en el marco de un proceso de extinción del derecho real de dominio que adelanta la SAE. “La diligencia se da en un proceso de extinción del derecho real de dominio adelantado por la SAE, como resultado de graves señalamientos por parapolítica, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y financiación de campañas políticas con recursos provenientes de estructuras armadas ilegales”, indicó la entidad. Héctor Julio Alfonso, conocido por su vínculo con estructuras políticas locales en Sucre y Bolívar, es investigado por presuntos nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las tierras serán entregadas a cerca de 25 familias que integran la Asociación de Pescadores y Agricultores Víctimas del Conflicto de Doña Ana, quienes esperaban una solución para acceder a terrenos cultivables cerca de su lugar de residencia. El director de la ANT, Felipe Harman, señaló que esta entrega hace parte del avance de la reforma agraria en el país. “La recuperación de estos predios provenientes de actividades ilícitas significa la reparación histórica junto con la justicia agraria y social de los campesinos”, afirmó. Pedro César Pabuena, uno de los campesinos beneficiarios, expresó su satisfacción por la entrega del predio: “Estamos alegres, dichosos, porque vamos a tener donde cultivar, que es lo que queríamos nosotros. Nosotros somos del corregimiento de Doña Ana, pertenece a San Benito Abad. Aquí podemos llegar de a pie porque está cerca. Y es algo que queríamos nosotros, estar cerca donde podíamos tener una tierra donde cultivar porque prácticamente la economía en Doña Ana”. La ANT concluyó que este proceso también forma parte de la política de democratización del acceso a la tierra impulsada por el Gobierno nacional, en beneficio de comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado y el despojo. /Colprensa