El presidente Gustavo Petro no recibió de buena manera el pedido del Banco de la República a la Corte Constitucional sobre la vigencia de la reforma pensional. El ente regulador solicitó que si se llega a declarar constitucional el proyecto, se difiera en tres meses su entrada en vigencia. “Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto”, dijo el mandatario. En otro mensaje, aclaró que no considera que la Corte Constitucional vaya a ir en contravía del proyecto, pero volvió a rechazar la solicitud de aplazamiento. “Lo que sí veo es intentos desde varias partes para poner trabas en la implementación de la reforma”, fue el comentario del mandatario, desconociendo las razones por las que el Banco de la República realizó el pedido para tener una mejor preparación para aplicar el articulado. Hay un afán desde el gobierno Petro para que entre en vigencia la reforma y de esta forma se comience a ejecutar el bono pensional para un mayor sector al que actualmente beneficia. Lo que puede traer réditos electorales. Las observaciones del Banco de la República A través de un documento enviado a la Corte Constitucional, Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, pidió aclaraciones sobre la reforma pensional, que recientemente fue aprobada de nuevo por la Cámara ante los vicios en su trámite que encontró el alto tribunal. Específicamente, pidió que se explique sobre la entrada en vigencia de todo lo aprobado en la reforma pensional, cuya aplicación se había fijado para mediados del 2025. Igualmente, sobre la entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común, prevista para el 1.° de julio de 2025. Esta solicitud radica en que uno de los elementos de este sistema es el Pilar Contributivo, el cual está conformado por dos componentes: el de prima media y el componente complementario de ahorro individual. A su turno, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC) es una cuenta especial, cuya administración fue asignada al Banco de la República. Su principal objetivo es gestionar y administrar los recursos que provienen del Pilar Contributivo del nuevo sistema. Por tal motivo, el gerente general Leonardo Villar le pidió a la Corte Constitucional considerar la posibilidad de diferir la entrada en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de Origen Común hasta, al menos, tres meses después de la publicación de la sentencia que declare la exequibilidad de la reforma pensional. Según explicó, este tiempo es necesario para reactivar e implementar los procedimientos operativos y de contratación que debe adelantar el Banco de la República como administrador del FAPC. Y es que solo hasta que se declare la exequibilidad de la reforma pensional se podrá adelantar el proceso de contratación de administradores externos y ajustar los procesos operativos para el recibo y traslado de los recursos. /ElTiempo