El llamado “tarimazo” ocurrido en Medellín el pasado 21 de junio reveló una peligrosa distorsión del concepto de justicia. Ese día, nueve cabecillas de bandas criminales -varios condenados por homicidio, extorsión y concierto para delinquir- fueron trasladados desde prisión para subir a una tarima pública junto al presidente de la República, en plena plaza de La Alpujarra. El mensaje fue tan claro como inquietante: quien comete delitos atroces puede ser recompensado con visibilidad, protagonismo y promesas de redención, sin que medien verdad, condena cumplida o reparación alguna. Al día siguiente, en el Consejo de Ministros, el presidente reafirmó esa narrativa: “no eran delincuentes”, dijo, sino “personas en rehabilitación”. Además, sostuvo que quienes aporten a la “paz urbana” podrían acceder a beneficios jurídicos, revisión de penas o reducciones carcelarias. Pero ¿en qué país un criminal condenado toma el micrófono en una plaza pública, al lado del jefe de Estado, para atacar a las autoridades elegidas democráticamente y no pasa absolutamente nada? Al parecer, en uno donde el victimario tiene más voz que la víctima y donde se debilita el principio de justicia en nombre de una reconciliación mal entendida. Los delitos de estos hombres no son errores menores. Son crímenes que dejaron muertos, comunidades sometidas por la extorsión, la persecución y el desplazamiento. Territorios marcados por el miedo. ¿Cómo explicarle a una madre que el asesino de su hijo hoy recibe atención presidencial y posibilidad de reducción de pena, sin haber pedido perdón, reparado el daño, ni dicho la verdad? No se puede invocar la paz para justificar privilegios. La reintegración de exdelincuentes es posible, sí, pero exige condiciones claras: sometimiento a la ley, verdad, reparación y respeto a las víctimas. De lo contrario, el Estado no restaura justicia, sino que la distorsiona, difunde el mensaje de que el crimen paga, que delinquir ofrece protagonismo, incluso político. Un Estado que relativiza la justicia termina desdibujando los límites entre legalidad e ilegalidad. No se construye ciudadanía digna a punta de privilegios para quien desafió la ley. Exaltar públicamente a criminales sin exigir responsabilidad destruye el principio de justicia y relega a las víctimas al silencio. El problema no es la voluntad de reinserción. El verdadero problema es el mensaje que se transmite: que el crimen paga. Que delinquir facilita el protagonismo, incluso político. Un Estado que relaja la justicia termina desdibujando los límites entre legalidad e ilegalidad. No se construye ciudadanía con privilegios para quien desafió la ley. Colombia necesita procesos de paz urbana, sí, pero bajo parámetros serios, sin atajos, sin ambigüedades, sin equilibrios falsos. La dignidad de las víctimas no puede ser moneda de cambio. Si no se actúa por compromiso jurídico, debe hacerse al menos por convicción moral, sin agregar dolor a las víctimas. Cuando el Estado es indulgente con el criminal sin exigirle nada, no construye paz, destruye confianza, y sin confianza, no hay convivencia posible. No podemos avanzar con la ecuación equivocada y peligrosa de darle más micrófono a los agresores y menos eco a las víctimas. La misericordia para los criminales es un argumento insensato que convierte la justicia social en crueldad institucional. *Presidenta de AmCham Colombia y Aliadas