La Corte Constitucional ordenó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incluir formación sobre identidad de género y cambio de nombre en sus cursos para jueces. También instó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a tramitar de forma ágil las solicitudes de cambio de nombre de personas trans. El pronunciamiento se dio al estudiar una tutela presentada por Índigo, una persona transgénero, contra la Registraduría, luego de que esta rechazó un cambio de nombre formalizado por escritura pública. La entidad alegó que dicha modificación solo podía hacerse una vez por esta vía, con base en una interpretación limitada del régimen de cambio de nombre. Aunque la Registraduría finalmente accedió a realizar el trámite sin que mediara una orden judicial, la Corte emitió una sentencia de fondo por considerar que era necesario aclarar la jurisprudencia vigente y evitar nuevos casos de desconocimiento de derechos. La Sala Sexta de Revisión, presidida por el magistrado Miguel Polo Rosero, concluyó que la Registraduría vulneró el precedente fijado en la Sentencia C-114 de 2017, al restringir indebidamente el derecho de Índigo a cambiar su nombre por segunda vez mediante escritura pública. En esa sentencia, la Corte estableció que el nombre no es inmutable y que las personas pueden modificarlo más de una vez cuando esto se relacione con el ejercicio de derechos fundamentales, como la identidad de género o el libre desarrollo de la personalidad. Según explicó el alto tribunal, la normativa permite modificar el nombre tanto por escritura pública como mediante proceso judicial. En el caso de personas trans, este cambio se relaciona con derechos fundamentales como la identidad de género y la personalidad jurídica. “Se desconoció abiertamente la Sentencia C-114 de 2017”, señaló la Corte al considerar que la entidad le dio un alcance más restrictivo del que realmente tiene, impidiendo una respuesta pronta a una necesidad legítima de afirmación identitaria. Además de ordenar la capacitación de jueces, la Corte pidió que la sentencia se difunda de forma anonimizada entre todos los funcionarios judiciales, para que la tengan en cuenta al resolver casos similares. También exhortó al Consejo Superior de la Judicatura a llamar la atención a los funcionarios que incumplan esta jurisprudencia y recordó a la Registraduría la obligación de atender con celeridad los trámites relacionados con la población transgénero. /Colprensa