Está lista para sanción presidencial una ley que transforma las reglas para la realización y publicación de encuestas políticas en Colombia. Esa ley trae cambios importantes y muy polémicos; entre ellos la limitación temporal para publicar encuestas: reducida a apenas tres meses antes de inscripciones esto, dicen expertos, impide el seguimiento continuo de la opinión pública y restringe el debate democrático. El CNE se convierte en juez y parte: regula, audita, sanciona y custodia los datos. No hay instancias claras para apelar sus decisiones ni parámetros técnicos transparentes para sus auditorías. La nueva ley obliga la entrega de números marcados, grabaciones y formularios al CNE. Esto obliga a las firmas a adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados y expone a sanciones en caso de filtraciones o posibles vulneraciones. La ley contempla la anulación automática de encuestas si se incumplen requisitos formales, como el orden de las preguntas o la firma de los responsables de la encuesta. Esto podría ser usado para impugnaciones estratégicas o como mecanismo de censura indirecta.