Los ex cancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo reaccionaron a la apertura de una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la organización del nuevo modelo de los pasaportes. La saliente ministra Sarabia aseguró que confía en la investigación del ente de control, señalando que “todo el proceso ha sido trazable y documentado”. Sostuvo que desde el 5 de marzo pidió apoyo de la Procuraduría en este proceso e insistió en que obedecía órdenes del presidente, Gustavo Petro, para la salida de Thomas Greg y la llegada de la Imprenta Nacional en este nuevo modelo de pasaportes. “Cada decisión que se tomó respondió a instrucciones del Presidente, con un único propósito: garantizar la continuidad del servicio y actuar con responsabilidad ante las necesidades del país”, advirtió Sarabia. Por su parte, Murillo también celebró la indagación de la Procuraduría y confió en que adelante de forma “objetiva y rigurosa”, de manera que se revele toda la transparencia del proceso, que insistió fue legal y transparente. “El modelo de pasaportes que lideré fue legal, responsable y se desarrolló bajo estándares internacionales, con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. La urgencia manifiesta fue validada por la Contraloría, como una acción legal y necesaria para garantizar la continuidad del servicio”, sostuvo. Murillo agregó que “cuando desarrollamos el nuevo modelo de pasaportes, lo hicimos con total transparencia y bajo el acompañamiento de los órganos de control”. Según explicó la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, Murillo y Sarabia habrían vulnerado los principios de planeación y responsabilidad al no estructurar de forma adecuada y oportuna el proceso de contratación, durante sus respectivos periodos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de Murillo, la Procuraduría indicó que pudo haber usado de forma indebida la figura de urgencia manifiesta, declarada en septiembre de 2024, con el fin de adelantar el proceso. En cuanto a Sarabia, el ente de control concluyó que, en abril de 2025, ya conocía que el cronograma propuesto era inviable para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, especialmente por las dificultades con la Casa de la Moneda de Portugal y las limitaciones operativas de la Imprenta Nacional. El Ministerio Público también abrió una investigación contra Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, al señalar que presuntamente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al impartir instrucciones a funcionarios de la Cancillería para que ajustaran el esquema de asignación de citas para pasaportes, sin contar con la competencia para ello.