La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió la investigación de siete asesinatos ocurridos entre 1987 y 2002, que involucran a ex integrantes del último Secretariado de las FARC, entre ellos el magnicidio del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995, frente a la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que estos casos deben investigarse bajo su competencia, tras revisar confesiones voluntarias, expedientes de la justicia ordinaria, informes de la Fiscalía General de la Nación y de organizaciones de víctimas, así como documentos internos de las FARC. Los siete casos que la JEP investigará son los de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, Pablo Emilio Guarín, Fernando Landazábal Reyes, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Hernando Pizarro Leongómez y José Fedor Rey. Todos eran figuras públicas, académicos, militares o ex guerrilleros. Gómez Hurtado, por ejemplo, fue candidato presidencial, congresista y copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue asesinado junto a su asistente, José del Cristo Huertas, cuando salían de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda. El general (r) Landazábal fue comandante del Ejército y ministro de Defensa. Bejarano, economista y consejero de paz, fue asesinado en la Universidad Nacional. Pablo Guarín era congresista y dirigente ganadero. Pizarro Leongómez y Fedor Rey fueron ex guerrilleros involucrados en la masacre de Tacueyó. En 2020, siete ex integrantes del último Secretariado de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño y Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), firmaron un comunicado público en el que reconocieron la responsabilidad de la guerrilla en varios de estos asesinatos. En diligencias posteriores, Lozada asumió su responsabilidad directa en al menos cuatro crímenes como mando de la Red Urbana Antonio Nariño. También se recibió el testimonio de José Nicolás Hurtado (‘Carlos Huevo’), quien confesó su participación en el asesinato de Bejarano. Además de estas declaraciones, la JEP examinó archivos de la guerrilla incautados por las autoridades, revisó expedientes de la justicia ordinaria y escuchó a testigos como la exsenadora Piedad Córdoba, quien declaró en varias oportunidades. Seis de los siete homicidios serán investigados dentro del Caso 10 de la JEP, que aborda crímenes no amnistiables cometidos por las FARC con relación directa o indirecta con el conflicto armado. El asesinato de José Fedor Rey será tramitado dentro del Caso 05, que prioriza delitos cometidos en el Cauca y sur del Valle del Cauca. La Sala de Reconocimiento explicó que estos crímenes se consideran tan graves que no pueden recibir amnistía ni perdón judicial. La JEP solo investigará lo relacionado con personas que ya hacen parte de su jurisdicción, es decir, comparecientes que firmaron la paz y se sometieron al tribunal. La decisión no impide que otras entidades del Estado sigan investigando. La Fiscalía General de la Nación puede continuar con sus indagaciones sobre otros posibles responsables. Lo mismo aplica para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en casos que involucran a ex presidentes u otras figuras con fuero especial. A partir de ahora, las víctimas de estos siete asesinatos podrán acreditarse ante la JEP, presentar pruebas o documentos y hacer observaciones al proceso. La Sala también podrá convocar a los comparecientes a nuevas versiones voluntarias para determinar quiénes fueron los máximos responsables y qué impacto causaron estos crímenes. La decisión de la JEP se basó en el principio de que, si la justicia ordinaria no ha resuelto un caso y existe una hipótesis plausible de que está relacionado con el conflicto armado y con ex guerrilleros que son comparecientes, entonces el tribunal de paz debe asumir la investigación. BOGOTÁ, (Colprensa).