El presidente Gustavo Petro usó su cuenta oficial en X para solicitar la “máxima condena” contra el exdirector de la entidad, Olmedo López, acusado por desfalcar recursos destinados a la población vulnerable. El mandatario sostuvo que una figura de izquierda “jamás debe robar a los pobres y a las víctimas”. En la misma publicación, Petro describió a López como un “vampiro de la codicia”, subrayando así la gravedad que, a su juicio, revisten los hechos imputados. Este pronunciamiento se produjo a pesar de que fue el propio presidente que designó a López en el cargo, pero buscó dejar en claro la postura oficial frente a cualquier acto de desfalco. El mensaje de Gustavo Petro surgió en el contexto de avances significativos en la investigación penal sobre la Ungrd. En el transcurso de la mañana del jueves 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, en el del proceso por corrupción en la entidad. La decisión judicial fue resultado, entre otras pruebas, de la colaboración de Olmedo López con la Fiscalía, a la que entregó información clave que permitió abrir nuevas líneas de investigación y ubicar la supuesta participación de altos funcionarios y contratistas. Además, la defensa de López destacó su papel como testigo principal. El abogado José Luis Moreno Caballero explicó que su defendido no solo confesó su responsabilidad, sino que aportó pruebas y arriesgó su vida para esclarecer uno de los escándalos de corrupción más sonados de los últimos años. Moreno puntualizó que “la palabra de Olmedo López ha conducido al avance real del proceso penal, permitiendo que las autoridades judiciales y disciplinarias puedan actuar frente a hechos que no habían sido conocidos sin su colaboración activa y decisiva”. El legista hizo un llamado a las autoridades para que se reconozca el valor de la cooperación de López y no se penalice a quien decidió romper el silencio y entregar datos que permitieron judicializar a otros implicados. “El país no puede castigar al testigo que se atrevió a hablar cuando todos callaban”, enfatizó el abogado, reclamando que tanto el principio de oportunidad como el preacuerdo firmado por López con la Fiscalía sean tomados en cuenta por el juez, y recordando que este acuerdo se encuentra pendiente de aprobación judicial. En el preacuerdo, el exdirector se comprometió a entregar información detallada sobre los sobornos entregados a dirigentes políticos y funcionarios públicos. Con base en el comunicado del abogado Moreno, esta cooperación no solo es viable en términos jurídicos, sino que representa una necesidad institucional para que la justicia pueda destapar completamente la verdad detrás del entramado de corrupción y contribuir así a la reparación y la no repetición. El texto difundido detalló que López permanece privado de la libertad en una guarnición militar de Bogotá desde septiembre de 2024. Las aportaciones de su testimonio, de acuerdo con la Fiscalía citada por el abogado, han sido pieza central tanto en la imputación de cargos como en la medida de aseguramiento contra González Merchán. Como señaló el abogado defensor, aprovechar la declaración de López como eje de la política criminal podría responder al interés público por alcanzar la verdad plena y restaurar la confianza en las instituciones. La defensa reafirmó su compromiso de seguir proporcionando los elementos jurídicos necesarios para que el proceso sirva, además, a la reparación social y a la reconstrucción de la credibilidad institucional.