La Contraloría General de la República presentó los resultados de una auditoría financiera realizada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), enfocada en la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes del país. El informe reveló hallazgos fiscales por $81.593 millones y diversas irregularidades administrativas, disciplinarias y con posible incidencia penal. La auditoría, adelantada por la Delegada para el Sector Educación, abarcó la vigencia 2024 y evaluó tres componentes clave: pensiones, cesantías y servicios médicos-asistenciales, siendo este último el más crítico. A continuación, se destacan los principales hallazgos:

• Falta de respaldo presupuestal: Se identificaron contratos por cerca de $75.000 millones sin Certificado de Registro Presupuestal (CRP), lo que pone en riesgo el pago de servicios ya prestados.
• Contratación sin requisitos legales: Se encontraron 52 contratos por $648.000 millones sin acta de inicio, y seis contratos de salud por $168 mil millones sin las garantías exigidas, o con garantías constituidas de forma extemporánea.
• Adiciones contractuales irregulares: Un contrato de riesgos laborales fue ampliado en más del 127%, superando el límite legal del 50%, lo que constituye una posible falta disciplinaria y penal.
• Riesgo en pagos a IPS no habilitadas: Se advirtió la posibilidad de que se estén pagando servicios a entidades no registradas en el REPS, lo cual podría generar un detrimento al patrimonio público.
• Improvisación en la contratación: En el contrato 12076-024-2024 se evidenció una modificación de valor abrupta: pasó de $31 mil millones a $776 millones, sin liberar los saldos sobrantes, lo que refleja desorden presupuestal.
• Pagos sin soporte legal: Se detectaron incongruencias en actas de recibo del sistema SUIM-HORUS, y pagos por servicios que no contaban con el soporte contractual completo.
• Contratos de transacción sin aprobación: Fiduprevisora suscribió 10 contratos de transacción por $1,2 billones entre 2023 y 2024 sin contar con la autorización del Consejo Directivo del FOMAG, lo que motivó su traslado a la Fiscalía y la Procuraduría.
• Indebida destinación de recursos: Se pagaron sanciones moratorias por $48.100 millones con recursos del FOMAG, lo cual infringe la destinación específica establecida por ley.
• Retrasos en pagos judiciales y cesantías: Se documentaron intereses moratorios por más de $3.210 millones debido al pago tardío de fallos judiciales, y se pagaron $4.220 millones en sanciones por cesantías extemporáneas con recursos TES.
• Cartera mal gestionada: La ineficiente gestión de cobros generó un hallazgo fiscal por $23.800 millones.

Además, la Contraloría recibió denuncias sobre la posible creación de empresas ficticias, interés indebido en contratación y ocultamiento de recursos en el extranjero, hechos que fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación para su investigación. Entre 2023 y 2025, el organismo de control ha formulado 61 hallazgos relacionados con el FOMAG, de los cuales 23 tienen connotación fiscal por más de $548.000 millones. /BluRadio