Según cálculos de Camacol Magdalena, por cada unidad de vivienda construida, el sector aporta $1.200.000 a la infraestructura de servicios públicos, y 4,7 empleos, los cuales favorecen el desarrollo económico y social de la ciudad. El gremio de la construcción representado en Camacol Magdalena cumple 10 años de actividad en Santa Marta y sus líderes entregaron un balance de los logros destacando la generación de más de 90.000 empleos directos e indirectos durante esta década. En una rueda de prensa realizada ayer en el hotel boutique Don Pepe, el presidente de la junta directiva de Camacol Magdalena, Rubén Jiménez en compañía del gerente seccional Javier Quintero Fragoso confirmó que el gremio ha impulsado la construcción de más de 7.500 unidades de vivienda de interés social (VIS) aportado con la generación de predial con casi un 82% de los ingresos directos de la ciudad. “Durante estos 10 años de actividades el gremio ha construido infraestructura soporte de servicios públicos. Actualmente se trabaja en la estructura de una línea de apoyo a proyectos estratégicos los cuales impulsarán el bienestar y calidad de vida de los samarios”, indicó Jiménez. Camacol Magdalena es consciente que para que el crecimiento urbano sea sostenible, se debe acompañar con inversión pública en materia de ampliación y mejora de las redes de acueducto, alcantarillado y energía, especialmente en zonas con alto potencial de desarrollo Urbano. “Por eso, hacemos un llamado al sector público, en especial a la empresa Essmar y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que se garanticen las condiciones que permitan preservar el empleo y el dinamismo económico que genera el sector edificador”, dijo Javier Quintero. Los representantes del gremio coincidieron al afirmar que es evidente que la inversión pública en redes ha sido históricamente insuficiente frente al ritmo del crecimiento urbano, pero, aun así, el sector constructor ha cumplido con sus obligaciones. “Camacol Magdalena insiste en que la articulación público-privada es fundamental para que los aportes del sector se integren con las inversiones que ha anunciado el Distrito y el gobierno nacional. Celebramos estos avances y proponemos mecanismos de financiación que permitan enfocar los recursos del desarrollo urbano formal en soluciones concretas para el sistema de acueducto y alcantarillado de Santa Marta”, enfatizó Jiménez. Según cálculos de Camacol Magdalena, por cada unidad de vivienda construida, el sector aporta $1.200.000 a la infraestructura de servicios públicos, y 4,7 empleos, los cuales favorecen el desarrollo económico y social de la ciudad. “En los últimos cinco años el gremio ha entregado a la Essmar E.S.P., y demás empresas de servicios públicos, alrededor de 12.000 usuarios nuevos lo que también representa más de $5.200 millones anuales en impuesto predial para el distrito y se espera que para los próximos 4 años esta cifra aumente hasta $15.200 millones”, sostuvo el presidente de Junta de Camacol Magdalena.

DÉFICIT ACUMULADO

Al hacer una radiografía frente a los problemas de infraestructura de acueducto y alcantarillado de la ciudad, el gerente seccional de Camacol indicó que las viviendas en construcción representan solo el 5% del total de las existentes y que existe un déficit estructural acumulado que es un reto de planificación, gestión y distribución eficiente de los servicios públicos, en cabeza de las entidades prestadoras de los mismos. Vale mencionar que Santa Marta presenta un 61% de informalidad económica en su población, y en materia de pérdidas de agua, la ciudad hoy pierde el 70% del recurso hídrico. Este panorama estructural requiere políticas públicas claras e incentivos gubernamentales que promuevan efectivamente el desarrollo urbano formal, tal como lo ha venido impulsando el gremio constructor. “Santa Marta requiere construir 23.600 nuevas viviendas para cubrir el déficit habitacional actual y propiciar aproximadamente 12.000 nuevos hogares cada cuatro años. El sector ha aportado con la construcción de más de 7.500 viviendas de interés social (VIS) en los últimos 10 años, por esa razón frenar la construcción formal no resuelve el problema, sino que lo agrava. Cada proyecto que se detiene representa menos redes legales, disminución de ingresos fiscales al distrito y más presión sobre un sistema que ya está rezagado. Además, estudios demuestran que normalizar un asentamiento informal es cuatro veces más costoso que ejecutar un desarrollo formal”, mencionó Quintero.

FUTURO CON BIENESTAR

El gremio de la construcción tiene proyecciones de multiplicar su impacto positivo en Santa Marta apoyando proyectos como incentivos para el desarrollo de vivienda social, entre otros. “Estamos estructurando una línea de apoyo a proyectos estratégicos para la ciudad, especialmente aquellos que tienen el potencial de ser verdaderos dinamizadores del turismo y la economía local, y, además, estamos estructurando propuestas para incentivar mayor la oferta de VIS para los samarios y residentes, que permita el acceso efectivo a vivienda y entornos dignos para el hábitat y el bienestar. Nos interesa acompañar iniciativas que estén alineadas con la visión de ciudad-región, que impulsen nuevos polos de desarrollo, mejoren la conectividad urbana y promuevan una infraestructura más resiliente”, puntualizó Quintero.