La W conoció en primicia una carta firmada por Diego Javier Cadena y Juan José Salazar en la que le solicitan a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, solicitar la revisión sobre la intervención de fiscal con cuestionamientos penales en el proceso en su contra. “Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar, como ciudadanos procesados dentro del radicado de la referencia, nos dirigimos a su Despacho Fiscal con todo el respeto, pero con la convicción elevar la presente comunicación para dejar constancia expresa de una circunstancia que, en nuestro criterio, compromete seriamente los principios de imparcialidad, idoneidad y transparencia que deben regir la actuación del ente acusador en los procesos penales, particularmente en el que se adelanta contra nosotros”, escribieron. Además, señalan que la representación de la Fiscalía ha sido delegada a Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien actualmente se encuentra doblemente imputado por los delitos de prevaricato por omisión y concusión. Siendo así, consideran que resulta “abiertamente incongruente e inaceptable” que el ciudadano que vaya a pedir próximamente condena en su contra tenga cuestionamientos de este tipo ante la administración de justicia. “Esta situación afecta gravemente la credibilidad, neutralidad y legitimidad institucional del ejercicio de la acción penal”, aseguraron. En la carta, señalan que “la imparcialidad del acusador constituye una garantía esencial del debido proceso, amparada por el ordenamiento jurídico”. Y agregan: “El Estado tiene el deber de asegurar que quienes representan el poder punitivo se encuentren libres de todo reproche ético o jurídico que pueda comprometer la integridad y legalidad de sus actuaciones. En este caso, el conflicto es evidente: quien está siendo procesado por hechos lesivos al interés público no puede, a su vez, sostener válidamente una acusación penal en nombre de ese mismo interés colombiano”. Cadena y Salazar afirman que permitir esta intervención, además de vulnerar sus garantías fundamentales, “expone el proceso penal a un reproche legítimo tanto por parte de la comunidad jurídica, como de la ciudadanía”. Por otro lado, en una carta dirigida a Gregorio Eljach, procurador general, pidieron coherencia institucional en actuaciones del ministerio público. “Expresamos nuestra preocupación frente a la necesidad de garantizar la observancia de los principios de unidad de criterio, igualdad ante la ley1 y coherencia institucional. Consideramos fundamental que las posiciones adoptadas por la Procuraduría respondan a una postura institucional consolidada y no a valoraciones individuales de sus funcionarios”, afirmaron. Siendo así, solicitaron que en el proceso en su contra se mantenga la línea jurídica previamente asumida por el delegado del Ministerio Público en el proceso que cursa en contra de Álvaro Uribe, que en sus alegatos finales solicitó la absolución del procesado. “Dicha solicitud no solo se encuentra debidamente sustentada y en armonía con el estado actual del proceso, sino que además responde al ejercicio de valoración probatoria realizado por el Ministerio Público, el cual fue guiado por criterios racionales, que son 1 Constitución Política de Colombia, artículo 13. los únicos que deben guiar el análisis, máxime en procesos con tendencia a la parcialidad por cuestiones políticas”, agregaron. /WRadio