La Corte Constitucional admitió para estudio la tutela interpuesta por Bernardo Moreno Villegas, exsecretario privado del entonces presidente Álvaro Uribe, contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema por una sentencia que confirmó su responsabilidad en la llamada “Yidispolítica”, referida a sobornos a congresistas para facilitar la reelección de Uribe. Moreno Villegas fue condenado en octubre de 2023 a una pena de cinco años y siete meses de prisión, así como a una multa y 82 meses de inhabilitación, por haber gestionado nombramientos en entidades públicas a favor de personas cercanas a la entonces congresista Yidis Medina para asegurar su voto en el acto legislativo que permitió la reelección de Uribe. La Sala de Casación Penal ratificó esa decisión en agosto de 2024. En febrero de 2025, la Corte Suprema concedió a Moreno prisión domiciliaria, argumentando que quien tiene más de 65 años y presenta probabilidad mínima de reincidencia, cumple los requisitos para ese beneficio. El exfuncionario solicitó a la Corte Constitucional que revise la validez de la confirmación de su condena por parte de la Sala de Casación Penal. Busca impugnar los fundamentos legales y procesales que respaldaron su responsabilidad en el caso conocido como “Yidispolítica”. La Yidispolítica, desvelada en 2008, se basó en las declaraciones de Yidis Medina, quien admitió haber recibido sobornos de funcionarios del gobierno Uribe para cambiar su voto, facilitando así la aprobación de un acto legislativo que permitía la reelección presidencial. La Corte Suprema de Justicia también investigó y condenó a otros implicados, entre ellos el exministro Sabas Pretelt y el excongresista Teodolindo Avendaño. Moreno Villegas, en su cargo como jefe del DAPRE, influyó en al menos cinco servidores públicos para que tramitaran nombramientos en instituciones como el Sena, la Red de Solidaridad Social y notarías, en beneficio de allegados de Medina. Con la admisión de la tutela, la Corte Constitucional evaluará si hubo vulneración de derechos al confirmarse la condena. El proceso puede abrir la puerta a la revisión de los argumentos legales, la validez de pruebas y la protección del debido proceso. La decisión final podrá fortalecer o revertir los efectos de la sentencia que marcó uno de los casos más relevantes de corrupción política en Colombia en los últimos años.