La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., conocida comercialmente como Movistar, por implementar una estrategia comercial que, según determinó la entidad, vulneró el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica. La decisión incluye una multa por más de tres mil millones de pesos y responde a la ejecución del programa denominado ‘Bono de Fidelización Prepago Siempre Conectado’, vigente entre enero de 2021 y febrero de 2023. De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, la empresa diseñó una supuesta estrategia de fidelización que en realidad generaba de forma artificial una deuda de $1.500 pesos a usuarios prepago. Esta deuda, aunque era "condonada" al final del mes si el cliente seguía con el servicio, era usada por la compañía como causal de "mora" para rechazar solicitudes de portabilidad hacia otros operadores. El esquema funcionaba de la siguiente manera: si un usuario recargaba montos iguales o superiores a $18.000 o $20.000 en paquetes de servicio, se le otorgaba un bono automático de minutos y datos, por un valor simbólico de $1.500. Este bono no era solicitado ni autorizado expresamente por el usuario, y su valor era registrado como deuda pendiente. Si el cliente intentaba portar su número a otra compañía, el sistema arrojaba esa supuesta obligación como impedimento para continuar el proceso. La SIC concluyó que esta conducta representó una barrera artificial e injustificada que impedía a los usuarios ejercer libremente su derecho a cambiar de operador. Además, calificó la medida como una represalia comercial que distorsionó las reglas de competencia en el mercado y afectó directamente a los consumidores. La sanción busca sentar un precedente para evitar este tipo de prácticas por parte de los operadores de telecomunicaciones, en defensa del principio de libre elección que ampara a los usuarios. Según la Superintendencia, la decisión reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores, y exhorta a las compañías del sector a revisar y corregir conductas contrarias al régimen legal vigente. Contra la decisión proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.