La Fundación Ideas para la Paz (FIP) concluyó que la mesa de diálogo entre el Gobierno y estructuras criminales del Valle de Aburrá avanza con rapidez pero sin dirección clara. Tras dos años de conversaciones, el proceso carece de una agenda pública, un marco jurídico para el sometimiento y resultados concretos en el desmantelamiento de organizaciones ilegales. El análisis, divulgado este martes, advierte que la mesa —en la que participa la red criminal conocida como La Oficina— no cuenta con reglas definidas ni objetivos verificables. “Después de dos años de conversaciones, esta mesa sigue sin marco jurídico para el sometimiento colectivo, sin una agenda de negociación pública”, señaló la FIP. Aunque el Gobierno ha atribuido una reducción de la violencia en Medellín al proceso, la Fundación explicó que esta tendencia responde a factores históricos y no al diálogo con los combos. En comparación con otras ciudades que hacen parte de la política de Paz Urbana, como Quibdó y Buenaventura, el Valle de Aburrá ha enfrentado menos obstáculos, entre otras razones, por el alto nivel de coordinación interna de sus estructuras criminales. El informe también analiza el evento realizado el 21 de junio en Medellín, encabezado por el presidente, Gustavo Petro. Ese día, en la plazoleta de La Alpujarra, el mandatario participó en un acto convocado con dos objetivos distintos: celebrar la reforma laboral y promover “un pacto por la Paz Urbana”, con la presencia de nueve voceros de La Oficina. Según la FIP, el Gobierno buscó enviar un mensaje político de continuidad de su política de Paz Total, mientras que para los grupos criminales la presencia del jefe de Estado podría interpretarse como una validación del proceso. La Fundación consideró que este tipo de actos desdibuja los objetivos de una mesa cuyo fin debería ser el sometimiento y la desarticulación de estructuras ilegales. Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que, lejos de debilitarse, La Oficina ha ganado visibilidad y capital político gracias a su participación en la mesa. Sus voceros han accedido a beneficios carcelarios y espacios públicos, lo que, según el análisis, ha reforzado su posición como actor hegemónico en el Valle de Aburrá. La FIP concluyó que persisten múltiples preocupaciones: la ausencia de una metodología clara, la falta de compromiso del alto Gobierno con recursos para fortalecer la mesa y el impacto que el proceso ha tenido sobre el poder de las bandas. También advirtió que, aunque se han reportado gestos de paz —como la suspensión de extorsiones en 45 barrios—, estos avances no compensan las falencias estructurales del diálogo. El informe señala que la prioridad que el Gobierno ha dado a este proceso ocurre en medio de una fuerte confrontación con las autoridades locales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han rechazado abiertamente la mesa con La Oficina y la política de Paz Total. Según la Fundación, la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la politización del proceso agravan el escenario. “Aunque la transparencia se ha mostrado como un valor fundamental del proceso, también debería ser la rigurosidad para garantizar su sostenibilidad y legitimidad”, concluyó el documento.   /Colprensa