En Colombia, hablar de libertad suena cada vez más abstracto. La democracia no se sostiene sola. Es un pacto nacional, que requiere guardianes en todos los sectores. Desde la educación, el arte, la política…y también desde la empresa. En la medida en que el sector privado comprenda que la defensa de la democracia liberal y del Estado de derecho es parte de su responsabilidad cívica, habremos dado un paso firme hacia una Colombia más sostenible, más libre y más desarrollada. No se trata de hacer política partidista. Se trata de defender el terreno mínimo que hace posible hacer empresa. Las libertades no son un favor del poder. Son una garantía del sistema republicano soportado en la Constitución del 91. Y el empresariado, consciente de ser parte de la solución, debe entender que el tiempo de la indiferencia terminó. Históricamente, los empresarios han sido arquitectos de las democracias liberales. Lo dijo recientemente el presidente de la Corte Constitucional: el sector privado no solo ha sido beneficiario del Estado de derecho, sino protagonista de su construcción. En medio de una crisis de confianza en las instituciones parecería que a la defensa de las libertades, valores, derechos y deberes, le hacen falta seguidores. Se habla de sostenibilidad, de innovación, de ESG, pero poco -casi nada- del deber cívico. Y sin embargo, no hay sostenibilidad posible si no hay garantías. No hay innovación si no hay libertad. No hay crecimiento si las reglas del juego se modifican al antojo de intereses coyunturales. La democracia no se hereda, se defiende. Y la defensa empieza por reconocer que la democracia liberal es frágil, que su permanencia exige ciudadanos y empresas conscientes de su papel estructural. Por ejemplo, el Índice World Justice Project ha reflejado una tendencia descendente para Colombia, evidenciando un deterioro en la calidad institucional. En 2021, el país se ubicaba en el puesto 86 de 139 países, con una puntuación aproximada de 0,49 sobre 1. En los años siguientes, la calificación descendió a 0,48, ubicando a Colombia en los puestos 94 en 2023 y 91 en 2024. El Índice evalúa dimensiones fundamentales del Estado de Derecho como limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, justicia civil y justicia penal. En el contexto actual del país, la sostenibilidad no puede reducirse exclusivamente a la huella ambiental o al impacto social. También debe incluir un ítem democrático: ¿Qué hace la empresa para preservar el orden constitucional que le permite operar? Es tiempo de que las empresas sumen a su balance el estado de la democracia. Que midan su acción cívica como parte de su reputación institucional. Que los comités de ética no solo discutan conflictos de interés, sino posiciones ante decisiones que vulneran libertades. Que se hable en las juntas directivas sobre el respeto a la ley, la separación de poderes, la libertad de prensa, la seguridad jurídica y el derecho a disentir. Porque callar, en este momento, es abdicar del lugar que el empresariado ha tenido en la historia republicana del país. Para las empresas multinacionales que operan en Colombia, trabajar por la democracia no sólo es legítimo: es profundamente ético y necesario. En un país donde su planta laboral está compuesta en su mayoría por trabajadores colombianos, promover la pedagogía democrática, el respeto por el Estado de derecho y los valores, no representa una injerencia política, sino un acto de coherencia con los derechos fundamentales que permiten su operación. La democracia garantiza las libertades que sostienen el mercado, el emprendimiento y la inversión; por tanto, contribuir a su fortalecimiento desde la formación interna, el ejemplo institucional y el respaldo a principios constitucionales por parte de las empresas, es un deber moral y una apuesta por la estabilidad que sus propios empleados -y el país entero- necesitan para prosperar. Con eso, ya empezamos a recuperar lo esencial. Colombia no está condenada. Pero para evitar el deterioro, hay que tomar acción. Con voz firme, con convicción y, sobre todo, con coherencia. *Exdirectora del ICBF