Plantea que asuman jueces del circuito y no el Consejo de Estado. La propuesta aviva tensión entre ramas. Y siguen los ´decretazos´. Ahora se cocina otro contra uno de los más altos tribunales que le han puesto ´tatequieto´ a algunas decisiones del presidente Gustavo Petro: El Consejo de Estado. Lo harán porque saben que al momento de que ´el decretazo´ termine en la Corte Constitucional como así será, le de la razón ya que tienen la mayoría o por lo menos en el último fallo quedó demostrado. ´Eso se llama el desmoronamiento de la institucionalidad judicial de la que tenemos que estar atentos e impedirle que se lleve a cabo´, dijo el exministro de Justicia Wilson Ruiz. Y en la práctica lo que está pasando es lo siguiente: En apenas unos meses, el Consejo de Estado tomó varias decisiones contra el jefe de Estado: congeló el ‘decretazo’ de la consulta popular; prohibió transmitir los consejos de ministros por canales privados; ordenó retractarse por sus afirmaciones contra la familia Vargas Lleras y sobre el asesinato de Gloria Lara. En ese tiempo, el Consejo también falló a su favor: rechazó tutelas por los buses diésel y exhibir la bandera del M-19 en eventos públicos.

LA JUGADITA

La llegada del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, no es fortuita. Su nombramiento fue estratégico. En las postrimerías del mandato para provocar caos, desorden y llevar al país jurídicamente al despeñadero. Las propuestas deñ ´decretazo´ - por fortuna ya eliminado-  la octava papeleta para una Constituyente y ahora conseguirle al Presidente un ´juez a dedo´, todo hace parte de la llamada ´escuela maquiavélica alemana´ de la cual Montealegre se precia de ser un buen alumno de ella. La idea de quien también se conoce como ´Montetriste´ (a propósito del debate que tuvo con el académico Mauricio Gaona) es expedir un decreto para quitarle al Consejo de Estado la competencia de conocer en primera instancia las tutelas contra el presidente de la República. La norma que ahora se busca revocar fue expedida por el gobierno de Iván Duque en 2021 y centralizó estos casos en la más alta corte administrativa del país. Una decisión que terminó siendo acertada, para que el Juez de Timbiquí no conozaca de decisiones administrativa de la Primera Autoridad del país. Con este decreto, el gobierno Petro pretende revertir esa decisión y darle la facultad a los jueces del circuito. Para algunos, no hay coincidencias. Wilson Ruiz, ministro de Justicia de Iván Duque, aseveró que “este borrador representa un retroceso preocupante en el control judicial al Presidente”. Añadió que, de igual forma, esas decisiones de jueces del circuito escalarían al alto tribunal para su posterior revisión. “El Consejo de Estado tiene experiencia, conocimiento técnico y jurisprudencia consolidada. Cambiarlo por jueces del circuito debilita ese filtro y abre la puerta a decisiones dispersas, sin unidad de criterio”, aseguró el exministro Ruiz. Para otros analistas, el nuevo ´decretazo´ apunta a minarle jurisdiccionalidad a Petro. Golpear a la justicia y asumir funciones que no le ha asignado la Constitución. Por su parte, el prestigioso abogado constitucionalista y penalista, Ramiro Bejarano no se opone a la legalidad del cambio, pero sí a su motivación: “Es una maniobra que busca poner al Presidente a salvo de sentencias que no le gustan. El Consejo de Estado dejaría de ser juez de tutelas y eso, en el fondo, reduce el control”, señaló. Desde otra orilla, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, recuerda que este tipo de cambios por decreto ya se han hecho antes –en gobiernos como el de Pastrana o el mismo Duque–, pero eso no significa que sea conveniente. “Jurídicamente sí es posible hacer ese cambio, pero ya se demostró que no era conveniente porque los altos dignatarios del Estado merecen que sus asuntos se ventilen ante altas autoridades. Siendo el Consejo de Estado la máxima autoridad administrativa en Colombia, es lo correcto que se entere de las tutelas contra el Presidente”, dijo. El abogado Fabio Humar dice que el Ejecutivo está “peleando con el árbitro. El Consejo ha sido una piedra en el zapato para muchos gobiernos. Entonces, ahora lo sacan del camino. No se revisa si el decreto es bueno o malo, sino cómo evitar al juez que puede frenarlo”. Mientras tanto, hay un punto clave que sigue sin resolverse: la demanda contra el decreto de Duque que entregó esa competencia al Consejo de Estado sigue viva. Fue presentada en 2021 y, cuatro años después, aún no hay decisión de fondo. Es decir, no se ha aclarado si un presidente puede, por decreto, definir cuál juez debe conocer de sus tutelas.