Tras el desplazamiento de 15 familias indígenas Jiw, la ONU urgió al Gobierno a aumentar la protección en Guaviare. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia emitió un nuevo llamado al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de protección, luego del desplazamiento forzado de 15 familias del pueblo indígena Jiw desde el resguardo Naxael Lat hacia San José del Guaviare y Puerto Concordia, entre el 16 y el 24 de junio. El organismo internacional condenó las amenazas dirigidas a las autoridades tradicionales de esta comunidad por parte de actores armados, lo que obligó a las familias a abandonar su territorio en búsqueda de seguridad. “Condenamos las amenazas a autoridades del Pueblo Indígena Jiw, que provocaron el desplazamiento (…)”, señaló la ONU. La situación se enmarca en lo que la organización ha calificado como una crisis persistente de derechos humanos en el departamento del Guaviare. De acuerdo con su pronunciamiento, los enfrentamientos entre grupos armados no estatales por el control de la Trocha Ganadera, ubicada en el bajo Río Guaviare, han intensificado el riesgo para las comunidades locales, agravado además por las condiciones de la actual temporada invernal. Ante esto, la ONU pidió al Estado colombiano fortalecer los planes de contingencia y asignar recursos suficientes a los municipios receptores, como Mapiripán (Meta), donde han llegado familias desplazadas. También instó a implementar medidas preventivas para proteger tanto a comunidades indígenas como campesinas en las zonas afectadas. En coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Mapiripán, la ONU ha venido adelantando labores de verificación y acompañamiento a las comunidades, respondiendo a sus solicitudes de atención humanitaria y articulación institucional entre los departamentos de Meta y Guaviare. El comunicado concluye con un llamado directo a los actores armados: “Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar a la población civil, sus derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus acciones no pueden afectar a la población civil”. COLPRENSA