A Gustavo Petro no le interesa gobernar, le interesa figurar. Cada semana necesita un nuevo debate, un nuevo escándalo, una nueva cortina de humo. Empezó hablando de una consulta popular para distraer al país de su inoperancia, pero como ese globo se desinfló, ahora pretende instalar la idea de una constituyente. Su obsesión es que todos hablemos de lo que él impone, mientras el país real —el del desempleo, la inseguridad y el colapso institucional— se sigue deteriorando. Nada de esto es casual. Petro ha convertido la Presidencia en una plataforma de agitación. Cada vez que la opinión pública pone la lupa sobre los desaciertos de su gestión, lanza una nueva provocación. Y para justificar sus desvaríos tiene al lado un ministro de Justicia que se especializa en fabricar argumentos jurídicos sacados del sombrero. No hay norma, ni jurisprudencia, ni doctrina que respalde sus planteamientos, pero eso poco le importa. Lo relevante es generar ruido, desviar la atención y manipular el debate público. Lo más grave es que ahora cruzó todas las líneas: en la manifestación de Medellín subió a la tarima a jefes de bandas criminales. ¿Cómo es posible que a quienes antes denunció como paramilitares hoy sean sus aliados de escenario? Este acto no solo es una burla al país, es una amenaza directa a la legalidad y a la autoridad del Estado. Lo que está en juego, y ya no se puede ocultar, es el proyecto reeleccionista de Petro. Su plan A es quedarse más allá del 2026, y el B, que alguien muy cercano, que le haga caso, siga en la Presidencia. Lo ha demostrado sin ambages: si para perpetuarse tiene que burlar la Constitución, lo hará. Y lo hará con el respaldo de un grupo de incondicionales en el Ejecutivo y el Congreso que le aplauden todas sus maniobras, por absurdas o ilegales que sean. A Petro no lo mueve la legalidad, lo mueve el poder. Es su estilo: lanzar ideas descabelladas, medir reacciones, retroceder si hay resistencia y luego volver a la carga por otro camino. No gobierna, experimenta. No construye, sabotea. Difamar, calumniar, inventar mentiras y generar odios contra quienes no están de acuerdo con sus posturas, hace parte central de la estrategia. Aunque en algún momento se comprometió a no seguir agraviando, insultando ni calumniando, parece que ese propósito se le olvidó. La táctica es clara: incendiar el debate público y victimizarse cuando se le exige responsabilidad. El país ya lo empieza a entender. El gobierno del “cambio” no ha traído ni salud, ni seguridad, ni desarrollo. Ha traído caos, confrontación y una evidente intención de desinstitucionalizar. Y no olvidemos algo que los abuelos siempre decían con sabiduría: el que ha sido, no deja de ser. Y él, ha sido. Claro ejemplo es lo que sucedió con el senador Miguel Uribe. Los lamentables hechos de los que fue víctima son consecuencia de la continua incitación al odio que hace el presidente. Los jueces y los fiscales determinarán la responsabilidad penal, pero es claro que la responsabilidad política por esta arremetida contra la oposición recae en Petro. Desde la oposición lo decimos con claridad: no vamos a prestarnos para el juego de las distracciones. Seguiremos denunciando, alertando y resistiendo con firmeza a cualquier intento de modificar la Constitución para fines personales. Colombia no es propiedad de nadie. Y la democracia no puede estar al vaivén de los caprichos de un solo hombre. El 2026 no puede ser tomado a la ligera. Nos estamos jugando la supervivencia institucional del país. Petro ha llevado a Colombia al borde del abismo: las finanzas públicas están exhaustas, el déficit fiscal fuera de control y la inversión en retroceso. Al próximo gobierno no le quedará ni la olla para raspar. Si no reaccionamos a tiempo, heredaremos una nación empobrecida, fracturada y sin capacidad de maniobra. Por eso es urgente que todas las fuerzas democráticas nos unamos para impedir que los del “cambio” sigan maltratando y acabando con lo poco que queda. *Director de Cambio Radical