Si ello es así, el concesionario se habría embolsillado más de dos mil millones de pesos por concepto de sanciones. Corrió en el Concejo Distrital como ´bola de nieve´ la versión según la cual, las cánaras de fotodetención que operan en la ciudad no tendrían autorización legal para operar. La calculadora de varios concejales ´se reventaron´ al sacar operaciones matemáticas para calcular cuanto se ha embolsillado el operador del sistema. Lo cierto es que ante la natural preocupación de los miembros de la Corporación Edilicia, varios concejales manifestaron su interés por conocer más detalles sobre esa presunta falta de autorización vigente de las cámaras de fotodetección instaladas en distintos puntos de la ciudad. Según lo expuesto en el recinto, algunas de estas cámaras estarían operando sin el debido respaldo legal, lo que pone en entredicho los comparendos que se están imponiendo a los ciudadanos. Con base en información extraída de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), se reveló que de las 1.062 cámaras de fotomultas registradas a nivel nacional, 22 se encuentran actualmente en funcionamiento en la capital del Magdalena. No obstante, algunas de estas habrían vencido su permiso desde el año 2024, lo cual genera dudas sobre su operatividad legal y los actos administrativos derivados de su uso. Ante este panorama, la Corporación aprobó la Proposición 205, mediante la cual se citará al secretario de Movilidad, Fidel Castro Tapia, y al representante del operador encargado de las cámaras, a una sesión programada para el próximo martes 15 de julio a las 9:00 a. m., con el fin de esclarecer el estado jurídico del sistema de fotodetección en Santa Marta y el alcance del contrato vigente que respalda su funcionamiento.

REACCIONES DE LOS CONCEJALES

Durante el debate se cuestionó por qué se continúan imponiendo sanciones a través de cámaras cuya autorización estaría vencida. “Han pasado más de cinco años desde la autorización inicial, y si no hay una renovación formal, esas cámaras no deberían estar generando comparendos”, se dijo en el Concejo. Por su parte, el concejal Wiston Vargas propuso una pregunta aditiva a la formulada por el concejal Miguel Martínez, solicitando que se aclare, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir los ciudadanos que hayan recibido una fotomulta de parte de una cámara que no cuente con la autorización vigente exigida por la ley? A su turno, el concejal Enrique González elevó otra proposición adicional en la que solicitó a la Secretaría de Movilidad remitir a la corporación todas las resoluciones, actos administrativos o documentos que demuestren si las cámaras señaladas se encuentran o no habilitadas legalmente para operar. Los concejales coincidieron en que la ciudadanía tiene derecho a conocer la legalidad de los dispositivos que están siendo utilizados para imponer sanciones económicas.