La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra Alberto José Vergara Monterrosa, director corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol S.A.; Luis Felipe Rivera García, vicepresidente corporativo de Ciencia, Tecnología e Información, y Ludwig Wilson Mejía, funcionario de la Gerencia de Abastecimiento de la misma entidad, por presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución del contrato suscrito con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. Según la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, el contrato en cuestión fue firmado el 31 de diciembre de 2024 y su ejecución cubre las vigencias 2024 y 2025. El documento, por un valor cercano a los cinco millones de dólares, contemplaba servicios para medir el impacto en la imagen corporativa de Ecopetrol ante investigaciones contra su presidente, Ricardo Roa. La indagación se inició de oficio luego de publicaciones en medios de comunicación sobre posibles anomalías en el proceso contractual, por lo que también se ordenó acumular otro expediente relacionado, tramitado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación. El expediente disciplinario fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe la existencia de eventuales responsabilidades penales. El contrato CW207382 inicialmente había sido suscrito por un monto de $875.000 dólares, pero fue modificado mediante un otrosí, que amplió el objeto contractual y elevó su valor a más de cinco millones de dólares. Este incremento se autorizó para incluir estudios sobre la afectación a la imagen de Ecopetrol en Estados Unidos, debido a procesos judiciales y mediáticos relacionados con Roa. De acuerdo con versiones publicadas en medios de comunicación, algunos miembros de la junta directiva de Ecopetrol aseguraron no haber sido informados sobre la firma del otrosí y cuestionaron la legalidad de dicho procedimiento. La investigación también examina si existieron irregularidades en el manejo de información confidencial dentro de la compañía, específicamente por la presunta retención de correos electrónicos y documentos internos de al menos 70 funcionarios de alto nivel. La firma Covington & Burling LLP habría intervenido en la recopilación y análisis de estos datos en el marco del contrato suscrito. Vergara sostuvo ante medios que no se ordenaron interceptaciones ilegales y que lo ocurrido corresponde a procesos de revisión documental bajo el amparo del privilegio abogado-cliente. Sin embargo, la Procuraduría busca determinar si se vulneraron derechos fundamentales o disposiciones internas durante la ejecución del contrato. El caso se suma a cuestionamientos recientes sobre el manejo administrativo en Ecopetrol, en medio de una coyuntura marcada por tensiones en su junta directiva, caída en las utilidades y señalamientos por parte de órganos de control sobre posibles faltas disciplinarias en contratos celebrados bajo la actual administración. /Colprensa