La violencia basada en género sigue cobrando vidas en el Magdalena y está afectando de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las que se encuentran sumergidas en contextos de desigualdad estructural y débil respuesta institucional. Así quedó consignado en el informe de la Defensoría del Pueblo basado en cifras del Observatorio de Feminicidios de Colombia, el cual revela cifras que evidencian la persistencia de los feminicidios como una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres. En ese sentido, entre el 1 de enero y el 30 de abril del presente año, se registraron 37 casos en el departamento del Magdalena, una cifra que ubica a este territorio dentro de los más afectados a nivel nacional por este flagelo.El listado de departamentos que padecen este triste panorama también involucran a Antioquia con 49 casos, seguido del Atlántico con 39, y Bogotá con 36. Hay que decir que el hecho que el Magdalena figure dentro de este grupo demuestra que la violencia feminicida no distingue de clase sociales ni zonas marginadas. Está presente donde persisten patrones culturales machistas, impunidad judicial y fallas en las rutas de protección, lo cual demuestra la urgencia por reforzar los mecanismos de prevención, atención y sanción en el territorio.

CIFRAS EN 2024

Paradójicamente, a pesar de la gravedad de los casos registrados este año, el Magdalena no fue incluido dentro de los departamentos focalizados por la Defensoría en su informe nacional sobre violencia de género en 2024. Según el reporte, durante el año anterior, los departamentos con mayor número de feminicidios fueron Antioquia (125), Bogotá (82), Atlántico (81) y Valle del Cauca (68). La ausencia del Magdalena en esta lista podría interpretarse como una invisibilización institucional del problema que allí ocurre. Esta falta de priorización también impacta directamente en las posibilidades de las mujeres para acceder a justicia, atención psicosocial y medidas de protección efectivas. Las cifras no solo son frías estadísticas, sino que reflejan historias truncadas, familias destruidas y un miedo constante que enfrentan muchas mujeres en sus entornos cotidianos. La normalización de la violencia, la dependencia económica, la desconfianza en las autoridades y la revictimización institucional siguen siendo barreras para que las víctimas puedan denunciar a tiempo y salvar sus vidas.

DELITOS SEXUALES

Por su parte, la violencia sexual y la violencia intrafamiliar siguen siendo dos de los principales flagelos que afectan a las mujeres en Colombia. Las cifras reveladas por la Fiscalía General de la Nación muestran una realidad preocupante que exige atención urgente del Estado y de toda la sociedad. Es así como hasta el 30 de abril de este año, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo se han registrado 4.988 casos de delitos sexuales en el país, un número que no solo evidencia la magnitud del problema, sino también las profundas brechas de protección y justicia que aún enfrentan las víctimas. Del total de casos registrados, 1.178 corresponden a mujeres mayores de edad, mientras que 2.675 son niñas y adolescentes, un dato que resulta alarmante y confirma que la niñez continúa siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencia. A lo anterior, se suman 146 mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (Osignh-LBT), quienes además enfrentan barreras adicionales como la discriminación, la estigmatización y el rechazo social e institucional, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia y a una atención digna.

GEOGRAFÍA DE DELITOS SEXUALES

La geografía del delito también revela patrones preocupantes: Antioquia encabeza el listado con 755 casos, seguido por Bogotá con 459, Valle del Cauca con 378 y Cundinamarca con 346. Estos datos muestran que la violencia sexual no es un fenómeno aislado ni localizado exclusivamente en zonas rurales o periféricas, sino que también se presenta con fuerza en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, lo cual obliga a repensar las estrategias de prevención, atención y pedagogía desde enfoques territoriales diferenciados. En contraste, el departamento del Magdalena no figura entre los primeros lugares con mayor número de delitos sexuales ni de violencia intrafamiliar hacia población con orientacion sexual e identidad de género no hegemónica – lesbiana, bisexual y transgénero. Si bien esto podría interpretarse como un indicio positivo, también es posible que haya un subregistro de casos debido al miedo a denunciar, la falta de confianza en las instituciones o la ausencia de rutas eficaces de atención.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

En cuanto a la violencia intrafamiliar, el informe también arroja cifras preocupantes en el mismo periodo de tiempo. Antioquia registró 784 casos, seguido de Cundinamarca con 673, Valle del Cauca con 534 y Boyacá con 384. Aunque el Magdalena no aparece entre los territorios focalizados por el órgano constitucional, expertos en derechos humanos indican que es crucial no bajar la guardia, debido a que la violencia que se gesta en el interior de los hogares suele ser invisible y silenciosa, y sus consecuencias emocionales, físicas y sociales pueden perdurar por generaciones. También enfatizan en expresar que las cifras deben interpelar no solo a las instituciones del Estado, sino también a la ciudadanía en general, debido a que la prevención de la violencia sexual y la intrafamiliar requiere una respuesta integral: educación con enfoque de género, fortalecimiento de las rutas de atención, formación a servidores públicos, justicia pronta y efectiva, y sobre todo, un cambio profundo en las relaciones de poder y en los imaginarios culturales que siguen justificando o normalizando la violencia. Cabe resaltar que, la reflexión sobre estos datos implica también reconocer que detrás de cada número hay una vida vulnerada, una historia de dolor y, en muchos casos, un sistema que no ha estado a la altura para protegerla. Solo cuando como sociedad se asuma con determinación la erradicación de todas las formas de violencia basada en género, se podrá avanzar hacia un país donde la dignidad, la igualdad y el respeto a la diferencia no sean una excepción, sino una garantía para todas y todos.