Los contundentes comunicados divulgados por el expresidente Gaviria y que han dado lugar a varias columnas que los reconocen como la revelación de lo que muchos están pensando con respecto al comportamiento del gobierno: una orientación cada día más autoritaria. Reforzados esos planteamientos en defensa de la democracia por el presidente del Congreso. El desconocimiento de los límites que establece la Constitución de 1991 para el ejercicio del poder presidencial, y la manera como, una y otra vez, esos límites se borran, se pasan por alto o se disfrazan con un cumplimiento aparente, es un tema que no puede subestimarse. Es que Colombia tiene una tradición constitucional de más de 200 años, y no obstante imperfecciones y momentos en los cuales esta notable tradición se ha puesto entre paréntesis de manera fugaz y, en ocasiones, por algunos años, han sido situaciones excepcionales que confirman el apego de los colombianos a su Carta Magna y el de sus gobernantes al respeto a esa norma superior. Somos uno de los pocos países que han mantenido un control de la constitucionalidad de las leyes y decretos antes de la creación de la Corte Constitucional, y por supuesto desde su funcionamiento hasta nuestros días. Esa condición llevó a un distinguido profesor de la Universidad de California, J.A.C. Grant, a enaltecer esa práctica. Ahora la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia es objeto de enseñanza en las principales facultades de derecho del mundo y son varias las publicaciones en inglés que hacen accesible el conocimiento de una jurisprudencia que se considera progresista y enriquecedora. Conforme a su tradición democrática, Colombia no ha llegado a los extremos que caracterizaron a Argentina, Chile, México o Brasil en algunos momentos de su historia. Conviene que una voz tan autorizada como la del expresidente Gaviria critique lo que ha venido ocurriendo con una frecuencia que no es un buen augurio. Indispensable defender con vigor y a tiempo el respeto debido a las formas y a los contenidos de la Constitución de 1991. El presidente no puede decir, por ejemplo, por quién se puede y por quién no se puede votar en las próximas elecciones. Es una clarísima e innegable participación en el proceso electoral, que ya en la época del presidente Carlos Lleras Restrepo, el procurador Aramburu criticó y dio así lugar a una rectificación por parte del presidente. Esa ha sido Colombia. Muchos observadores extranjeros me comentan su admiración por la manera como el poder judicial ha venido preservando los valores constitucionales con gran dignidad, sin incurrir en bullicio y exageraciones, y con la majestad que les corresponde ostentar. No hemos llegado a extremos como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua o los que analizan los autores que menciono a continuación. De allí la importancia de advertencias tan vehementes como la del expresidente Gaviria. Algo podríamos aprender del excelente y muy original libro publicado por Sergio Bitar y Abraham Lowenthal sobre los procesos de transición democrática en países como México, Brasil, Chile, Argentina, y algunos africanos. Útil para evitar repetir experiencias tan dolorosas y muy apropiado para reconstruir el proceso democrático, tal como lo hicieron Fernando Henrique Cardoso y Ricardo Lagos, en su momento. La complacencia o pasividad frente al deterioro de los más importantes valores de la vida democrática es fatal. No hay que esperar a que la situación sea dramática. Es preferible una actitud preventiva muy activa y no una que se recuesta sobre la cómoda frase de que aquí no está pasando nada o de que ya pronto esto va a terminar. La libertad y los valores democráticos esenciales hay que defenderlos todos los días y en todo momento. Y el rechazo a una retórica que los desprecia y denigra debe ser oportuno y contundente. *Exministro de Estado