Los sectores políticos insisten en que esta medida es una “reforma tributaria disfrazada” que afectará no solo el bolsillo de los colombianos, sino también a las micro y pequeñas empresas.
El Centro Democrático, a través de su director, Gabriel Vallejo, presentó una demanda de nulidad en la que también solicitó una medida cautelar pidiendo suspender los efectos de dicho decreto, hasta tanto se profiera un fallo de fondo.
“Solicito decretar la suspensión provisional de todos los efectos del Decreto 572 de 28 de mayo de 2025, en cuanto introduce nuevos umbrales (800 UVT), nuevas tarifas (hasta 4.5 %) y extiende la calidad de agentes retenedores a sujetos no previstos en el artículo 365 ET, hasta tanto se profiera decisión de fondo sobre la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho”, indica el documento.
El uribismo sostiene que con esta medida se están violando varios principios como el de racionalidad tributaria, el de proporcionalidad tributaria y el de equidad tributaria.
El exsenador y precandidato David Luna fue otro de los que ya presentó una acción jurídica ante el Consejo de Estado para tumbar la medida, que según él, tiene el único propósito de recolectar recursos para el Gobierno de cara a la campaña presidencial.
“Ese decreto no solamente es ilegal, sino adicionalmente confiscatorio y lo más complejo, inconstitucional, porque se abrogó funciones que solamente le corresponden al Congreso. Lo que hizo el Gobierno del presidente Petro es golpear el bolsillo de los colombianos, adelantando por derecha una reforma tributaria”, indicó.
Ya el Consejo de Estado había recibido la primera demanda de nulidad de este decreto presentada por parte de un ciudadano, pero se espera que otros sectores políticos, especialmente de la oposición, continúen presentando más acciones jurídicas.
