Un total de 13 casos de reclutamiento forzado de jóvenes de barrios periféricos de Santa Marta y municipios del Magdalena como Ciénaga, Zona Bananera y Puebloviejo , por parte de grupos armados al margen de la ley, denunció Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos. Aunque las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, están en la búsqueda de concertar los diálogos de Paz con el gobierno Nacional, Vera Salazar, señala a este grupo delincuencial y al Clan del Golfo de aprovechar el historial de deserción escolar en los jóvenes para ofrecerles un “empleo” fijo. “Los dos grupos armados ilegales están violando de forma sistemática el Derecho Internacional Humanitario de los jóvenes. Lo más preocupante es que están ofreciendo sumas de dinero que oscilan entre $1.200.000 y $1.500.000 a menores y jóvenes entre 14 y 22 años, quienes cuentan con condiciones de alta vulnerabilidad, muchos de ellos desescolarizados con problemas económicos y sin acceso a oportunidades reales de desarrollo”, explicó.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS

Uno de los casos más alarmantes fue expuesto por la abuela de una víctima, quien denunció que, en el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los jóvenes son llevados a campamentos donde reciben entrenamiento durante un mes antes de ser obligados a participar en las actividades criminales del grupo. “Después de ese tiempo, los dejan comunicarse con sus familias, pero ya hacen parte de la estructura criminal”, detalló Vera. La defensora de derechos humanos, recordó que este tipo de hechos han sido denunciados desde hace varios años, sin que se hayan tomado acciones contundentes. ´Esta alerta no es nueva. La hemos emitido de forma sistemática. Incluso, años atrás fui denunciada por una junta de acción comunal de la Sierra Nevada por insistir en estas denuncias. Lo que ha cambiado es que, en los últimos meses, el conflicto entre estas estructuras por el control de rentas ilegales y del territorio ha incrementado los casos de reclutamiento”, advirtió.

EL LLAMADO

Ante esta grave situación, Vera hizo un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, así como a las autoridades municipales y departamentales, para que tomen medidas inmediatas. También instó al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, a fortalecer el Plan de Seguridad y Convivencia con acciones reales que generen encadenamientos productivos y reduzcan la deserción escolar. “Ante la falta de oportunidades, muchos jóvenes ven en estas estructuras una salida económica, aun sabiendo que exponen sus vidas. Son víctimas de un modelo criminal que se sigue expandiendo mientras el Estado sigue sin responder”, concluyó.