En La Guajira, la situación humanitaria de las comunidades wayuu sigue siendo crítica y refleja un combustible variado de corrupción sistemática y abandono estatal, encubierto bajo el velo del respeto a los “usos y costumbres” indígenas, para justificar el trato indigno, la negligencia criminal y la corrupción descarada que azota a las comunidades indígenas. Hay que llamar las cosas por su nombre y denunciar esta farsa que está costando vidas. Los verdaderos usos y costumbres del pueblo wayuu son una riqueza cultural milenaria que merece respeto y protección. Tradiciones como el encierro de las jóvenes majayut, las ceremonias de los dos entierros, los tejidos y su complejo sistema de justicia propia, representan una cosmovisión que ha permitido la supervivencia de este pueblo durante siglos. Estas costumbres no incluyen el hambre, la sed, la desnutrición o la muerte de niños. Sin embargo, lo que estamos viendo es una manipulación grotesca de este concepto sagrado. Cuando los operadores corruptos del PAE entregan a los niños wayuu un bollo con media cucharada de mantequilla como desayuno, o cuando caminan largas distancias sin acceso a transporte escolar digno, o cuando se permite que pierdan el año escolar para inflar estadísticas de cobertura, ninguna de estas prácticas forma parte de los usos y costumbres wayuu; lo que están haciendo es cometiendo un crimen contra la humanidad y usando la cultura como escudo. La Ley 21 de 1991, que ratificó el Convenio 169 de la OIT, establece claramente que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus instituciones, costumbres y formas de vida, pero también garantiza que "deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación". El marco legal colombiano, incluyendo el artículo 246 de la Constitución, reconoce la jurisdicción especial indígena, pero nunca como una herramienta para negar derechos fundamentales. Tanto alijunas como algunos wayuu cooptados por el sistema utilizan el argumento de los "usos y costumbres" para justificar contratos fraudulentos, desvío de recursos y negligencia administrativa. Eso no es respetar la cultura wayuu; es perpetuar su empobrecimiento mientras otros se enriquecen, porque esta narrativa solo sirve para encubrir el saqueo, y asumir que los pueblos indígenas no merecen desarrollo, tecnología, educación de calidad o servicios básicos, porque eso sería "contaminar su pureza cultural". La Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en 2017 precisamente porque reconoció que la situación wayuu no es resultado de factores culturales, sino de "vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada" de derechos fundamentales por parte del Estado. Como sociedad, debemos exigir coherencia. Si realmente respetamos los usos y costumbres wayuu, comencemos por respetar su derecho ancestral a la vida, al territorio, al agua y al alimento. Dejemos de usar su cultura como excusa para el abandono y la corrupción. Es tiempo de que los funcionarios corruptos, los contratistas fraudulentos, los políticos oportunistas, y los sobachaquetas de siempre dejen de esconderse tras la bandera de respetar los “usos y costumbres” para justificar sus crímenes. Los wayuu merecen justicia, dignidad y vida. Y merecen la defensa de sus derechos y tradiciones, porque ambos son sagrados y ambos están siendo violentados por quienes pretenden hablar en su nombre mientras los saquean. La tragedia de los wayuu no proviene de sus costumbres, sino de la ruptura del contrato social por parte del Estado y de quienes se enriquecen con la miseria. Los casos de corrupción en programas vitales demuestran un desprecio por la vida indígena que luego se disimula alegando autonomía cultural. La cantidad de casos de niños muertos por desnutrición y sed evidencian un Estado que ha fallado en su deber más básico. Y cuando miembros de la comunidad intentan defender sus derechos con razón objetiva, reciben como respuesta un silencio cómplice justificado en la tradición. La cultura no puede ser excusa para la violación de los derechos humanos. Es urgente un cambio de enfoque: respetar la identidad wayuu no significa tolerar su sufrimiento, sino todo lo contrario. Implica garantizar que puedan vivir con dignidad, sin que nadie utilice la noción de “usos y costumbres” para perpetuar la corrupción, la injusticia o la indiferencia hacia ellos. Solo así se saldará la inmensa deuda moral y social que el Estado tiene con el pueblo wayuu. Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...” @LColmenaresR