La Defensoría del Pueblo alertó este miércoles que la combinación de fenómenos climáticos extremos y la falta de regulación efectiva sobre las actividades humanas están acelerando la degradación de la Amazonía, que alberga el 40% de las selvas del mundo y el 67.4% del bosque tropical. Dentro de los hallazgos de la entidad, publicados en un documento, evidencian que la deforestación ha cobrado el 17% de cobertura vegetal y que, de no tomarse medidas, en 2040 podrían perderse 2,1 millones de hectáreas. Agregó que la agricultura intensiva, la ganadería extensiva, la minería ilegal, así como los cultivos ilícitos y la expansión urbana descontrolada están acelerando la pérdida de bosques y alterando el ciclo del agua, lo que impactaría, en los próximos 15 años, hasta 4,3 millones de hectáreas, por lo que se podría presentar la posibilidad real de una crisis hídrica en Leticia y Puerto Nariño. “Estos impactos no son fortuitos, sino el resultado de omisiones institucionales, de la permisividad frente a actividades extractivas ilegales y de una gobernanza ambiental fragmentada e insuficiente”, enfatizó la defensora del Pueblo, Iris Marín. Sumado a lo anterior, la entidad encontró que en 2024 los niveles del río Amazonas alcanzaron su punto más bajo en 122 años, situación que provocó el aislamiento de comunidades, muerte masiva de peces y delfines rosados y pérdida de cultivos. Marín exhortó con firmeza y fundamento a la institucionalidad concernida a actuar de forma urgente y preventiva, con un enfoque diferencial, participativo y basado en la evidencia. "Las medidas no pueden seguir siendo reactivas. La Amazonía no puede esperar más, se debe actuar con contundencia, con justicia y con visión de largo plazo, no hacerlo sería renunciar a proteger la vida", concluyó.     /Colprensa