La Procuraduría General de la Nación ordenó este miércoles la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio del Interior y la Policía Nacional para esclarecer si en la suscripción y ejecución de un convenio interadministrativo que regula el uso de aviones oficiales adscritos a la Policía, se presentaron irregularidades que permitan el traslado de personas no autorizadas en esas aeronaves. La investigación se concentra en el vuelo del 20 de mayo hacia Barranquilla, en el que se transportó una comitiva integrada por varios influenciadores y personas cercanas al Gobierno, quienes supuestamente cubrían el cabildo abierto que realizó el presidente, Gustavo Petro, en el paseo Bolívar. Asimismo, el Ministerio Público señaló que según lo que reportaron varios medios de información se estarían “utilizando los aviones de la fuerza pública para transportar a funcionarios e invitados afines a su ideología a distintas partes del país". Según la Sala de Instrucción Disciplinaria, esta acción podría constituir un uso inadecuado de recursos públicos si no se ajustó a los fines misionales establecidos. El convenio que permite el uso de aviones oficiales fue firmado el 21 de febrero y está vigente hasta diciembre de 2025. Según el subdirector de la Policía Nacional, general Rosemberg Novoa, el acuerdo busca atender requerimientos logísticos y operacionales del Ministerio del Interior y su equipo, y se encuentra dentro de los 11 convenios interadministrativos activos de la institución para fortalecer su capacidad aeronaval. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el uso del avión se respaldó en un convenio vigente de casi 20 años que “alquila” aeronaves a la Policía para funciones misionales, y que las personas que viajaron fueron autorizadas por el Ministerio. Benedetti agregó que el traslado incluyó funcionarios y personas vinculadas a la seguridad del evento, y que la decisión de usar la aeronave policial respondió a razones logísticas y de disponibilidad. Paralelamente, la Contraloría General solicitó información detallada al Ministerio del Interior y la Policía sobre la titularidad de la aeronave, la lista de pasajeros, costos del vuelo y el sustento administrativo que autorizó la operación. La actuación disciplinaria que abrió la Procuraduría busca determinar la existencia de posibles conductas irregulares y si hubo causal para excluir responsabilidades, para lo que decretó la práctica de pruebas y la recopilación de documentos /Colprensa