La Corte Constitucional anunció que no ha emitido concepto alguno sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, y advirtió que iniciará una investigación disciplinaria contra una funcionaria de su Relatoría por extralimitarse al responder un derecho de petición de la representante a la Cámara Katherine Miranda. A través de un comunicado, el alto tribunal señaló que no tiene funciones consultivas, por lo cual no resuelve consultas ni emite opiniones sobre asuntos jurídicos. Recalcó que sus competencias se limitan al control abstracto o concreto de constitucionalidad, mediante Autos y Sentencias adoptadas por sus Salas de Revisión o la Sala Plena. La aclaración surgió luego de que Miranda difundiera una respuesta recibida desde la Relatoría de la Corte, en la cual una servidora judicial afirmó que "ninguna providencia permite convocar la consulta sin concepto afirmativo del Senado". La congresista había solicitado información sobre posibles pronunciamientos de la Corte frente a escenarios en los que el Senado emite concepto negativo sobre una consulta popular. La Corte explicó que la funcionaria no tenía competencia para emitir conceptos ni adoptar decisiones institucionales y que su respuesta, además de remitir providencias, incluyó opiniones no autorizadas por la Corporación. “La respuesta emitida por una servidora judicial (…) constituyó una extralimitación de sus funciones que no compromete la posición oficial de la Corporación”, indicó el comunicado. En consecuencia, el tribunal anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades disciplinarias competentes el caso para que se adelanten las investigaciones correspondientes y, además, revisará los procedimientos internos en la Relatoría. La controversia se origina en medio del nuevo intento del Ejecutivo por insistir en la convocatoria de una consulta popular tras la negativa expresada por el Senado el pasado 14 de mayo. En paralelo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, argumentó que aún está corriendo un plazo legal de 20 días, que vencería el 1 de junio, para que el Congreso se pronuncie, lo que —según su postura— abriría la puerta para que el Gobierno decrete la consulta. La respuesta inicial de la funcionaria judicial fue interpretada por la congresista Miranda como un respaldo a la tesis de que el Ejecutivo no puede insistir ni modificar el contenido rechazado por el Senado. Sin embargo, tras la desautorización de la Corte, la representante reconoció que el tribunal no puede pronunciarse formalmente, aunque sostuvo que la comunicación recibida aportó “luces importantes” sobre la inconstitucionalidad de un eventual decreto presidencial. /Colprensa