El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, pidió este martes a las autoridades garantizar el respeto a los derechos humanos durante las movilizaciones convocadas para este miércoles 28 y jueves 29 de mayo en varias ciudades del país y exhortó a los manifestantes a ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica sin recurrir a la violencia ni a bloqueos. Eljach solicitó que las acciones de la fuerza pública se desarrollen “con estricto respeto por los derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. Indicó que la Procuraduría General acompañará las movilizaciones con vigilancia preventiva, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. “El acompañamiento institucional busca asegurar que tanto las autoridades como los manifestantes actúen dentro del marco legal”, expresó. A su vez, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho a la manifestación pública sin recurrir a bloqueos que afecten a terceros ni a hechos de violencia. Recalcó que la protesta es un derecho constitucional cuya protección exige responsabilidad por parte de quienes la ejercen. El procurador también instó a respetar la institucionalidad democrática como base del Estado Social de Derecho y señaló que las instituciones son el canal legítimo para resolver los conflictos sociales y avanzar en el diálogo con garantías. “Como procurador general, acompañaré estas jornadas desde la misión constitucional que me corresponde de vigilancia preventiva”, añadió. Las movilizaciones del 28 y 29 de mayo fueron convocadas por organizaciones sociales, centrales obreras, estudiantes y sectores campesinos, con el propósito de rechazar lo que consideran una falta de avances en la implementación de las reformas sociales propuestas por el Gobierno y expresar su inconformidad frente al aumento del costo de vida, la inseguridad en las regiones y la violencia contra líderes sociales. Las protestas también buscan visibilizar exigencias relacionadas con el acceso a la salud, la educación, la tierra y la protección de los territorios, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Las autoridades locales en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali anunciaron la activación de planes especiales de seguridad y movilidad para garantizar el derecho a la protesta y prevenir alteraciones del orden público.