La Fiscalía General de la Nación iniciará este martes, 27 de mayo, una nueva etapa en el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el que están en juego más de $100.000 millones de pesos del erario. Ocho personas serán imputadas por su presunta participación en un esquema que, según el ente acusador, direccionó la contratación pública para beneficiar a particulares y desviar recursos a través de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Dicho convenio, que fue modificado sustancialmente, habría servido como fachada para ejecutar uno de los desfalcos más graves en la historia reciente de la UNGRD. Entre los implicados figuran funcionarios públicos, contratistas, abogados y representantes legales de entidades privadas.   La Fiscalía les imputará cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad documental y lavado de activos. Los imputados son: • César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. • Édgar Riveros Rey, abogado. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado. • Sonia Rocío Romeo Hernández, contratista de la UNGRD. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado. • Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la UNGRD. Delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y privado. • Édgar Echeverri Toro, representante legal de la Corporación Mixta Yapurutú. Delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental. • Francisco Javier Estupiñán Bravo, jefe de ventas de Yapurutú. Delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad documental. • Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública. Delito: lavado de activos. • Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD. Delito: lavado de activos. La Fiscalía también solicitará medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra todos los investigados, argumentando que su libertad representa un riesgo para el adecuado avance del proceso. Estas imputaciones hacen parte de una investigación más amplia que ha salpicado a varios exfuncionarios públicos y que ha revelado un esquema de corrupción sistemática al interior de la UNGRD. La audiencia de imputación se considera un avance clave en el proceso de judicialización y recuperación de los recursos públicos. /WRadio