El representante a la Cámara por Bogotá David Racero aseguró este lunes que las acusaciones por presunto uso indebido de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) son “falsas” y advirtió que no permitiría que su nombre sea usado para obstaculizar la reforma laboral ni otras iniciativas del Gobierno. Lo hizo después de que el Consejo de Estado admitiera una nueva demanda de pérdida de investidura en su contra y que se conocieran nuevos audios de presuntos actos contra la moral pública. El Consejo de Estado asignó el caso al magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien también estudia una demanda previa por hechos similares. El alto tribunal busca acumular los expedientes y analizar si hubo uso de un asistente de su UTL en actividades privadas relacionadas con un negocio de frutas que Racero habría tenido entre 2020 y 2021. “Colombianas y colombianos, la reforma laboral y todas las reformas del cambio están por encima de cualquier congresista”, expresó Racero en una declaración pública. Reiteró que durante seis meses, en plena pandemia, su familia manejó un pequeño emprendimiento ya liquidado, y aseguró que los señalamientos sobre una supuesta cadena de distribución con su camioneta blindada “son una sarta de mentiras”. De acuerdo con la demanda, el colaborador habría asumido tareas relacionadas con el local ubicado en el sector de Villa Luz, en el occidente de Bogotá. La utilización de personal financiado con recursos públicos en actividades privadas puede ser causal de pérdida de investidura. El expediente incluye como prueba una investigación periodística que presenta supuestos intercambios de mensajes entre Racero y su asistente sobre temas del negocio, así como un audio del conductor del congresista que mencionaría la operación del local. Racero sostuvo que las acusaciones buscan debilitar su imagen para frenar las reformas impulsadas por el Gobierno, como la reforma laboral y la consulta popular. “Cualquier cuestionamiento que se me haga a título personal no puede ser utilizado para atacar ni al presidente Petro, ni al Pacto Histórico, ni a quienes han defendido esta causa”, expresó. También mencionó a quienes han liderado la reforma laboral, entre ellas las congresistas María José Pizarro, Aída Avella y María Fernanda Carrascal, así como a la ministra (e) de Comercio, Cielo Rusinque. Dijo que continuará rindiendo cuentas ante las autoridades judiciales y calificó como preocupante un presunto “modus operandi” de ataques contra figuras del proyecto político del Gobierno. Según Racero, dichos ataques se sustentan en “supuestas comunicaciones privadas” de origen anónimo y en interceptaciones ilegales. “Invito a los ciudadanos que creen en este proyecto a no permitir que se desvíe el debate fundamental para este país”, reclamó. De forma paralela, la Procuraduría también abrió una indagación previa contra Racero por presuntas irregularidades en la asignación de cargos dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). La investigación se originó tras un reportaje de W Radio que publicó grabaciones y mensajes en los que el congresista presuntamente dialoga con el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, sobre la entrega de puestos a personas afines a su grupo político. En esas conversaciones se mencionan nombres de allegados al congresista, posibles recomendaciones para contratos y la solicitud de reservar cargos para aliados. El Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas, incluyendo los audios, imágenes y registros citados por el medio, con el fin de establecer si existió alguna falta disciplinaria. Mientras avanzan estos procesos en el Consejo de Estado, la Corte Suprema y el Ministerio Público, Racero reiteró que su compromiso está con las reformas del cambio y que será ante la justicia donde se definan los hechos. /Colprensa