Fabián Andrés Cuestas Beltrán, subintendente de la Policía y exjefe de turno del esquema de seguridad de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue capturado y judicializado por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico ilegal de armas desde el interior de la institución. Según la Fiscalía General de la Nación, Cuestas haría parte de una estructura que, al parecer, desviaba armas, municiones y accesorios desde la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), utilizando incluso vehículos oficiales asignados a la seguridad de altos funcionarios para transportar el material bélico. Este caso de corrupción en la Policía, denominado ‘Operación Ares’, involucra también a otros uniformados, tanto activos como retirados, y habría incluido contactos con altos mandos policiales. Uno de los episodios clave ocurrió en enero de 2025, cuando Cuestas fue sorprendido en un retén policial en Guasca (Cundinamarca) con munición cuya procedencia no pudo justificar. Tras ese hecho, se interceptaron llamadas en las que intentó contactar a oficiales, incluido un general, para frenar el procedimiento. También se revelaron entregas sospechosas de armamento en vehículos oficiales y traslados hasta negocios en Bogotá. Según se conoció, la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirmó desconocer cualquier actividad ilegal que hubiera podido adelantar su exescolta. El subintendente Cuestas y sus presuntos cómplices no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, entre ellos: concierto para delinquir, tráfico de armas y uso indebido de insignias. Permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial. “Estas personas se habrían articulado para extraer armas y cartuchos de diferentes calibres de las instalaciones oficiales y comercializarlas; modificar pistolas, revólveres, rifles y accesorios de diferente índole, o alterar los registros del armamento y la munición que les confiaban particulares. Esto lo hacían con el propósito de cambiarle la apariencia al material y venderlo de manera clandestina a ciudadanos, organizaciones y grupos que brindan servicios de protección y seguridad privada que contactaban a la estructura ilegal”, detalló la Fiscalía. Está es la investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación junto con la Policía Nacional.   /WRadio