Alrededor de diez estudiantes del programa de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), sede Santa Marta, quedaron por fuera de la ceremonia de imposición de batas realizada el día de ayer, luego de que sus calificaciones fueran publicadas apenas tres horas antes del evento, lo que, según denuncian, les impidió ejercer su derecho a la defensa y a solicitar revisión de sus evaluaciones. Según Germán Ordóñez Plata, abogado que representa a uno de los estudiantes afectados, “esta situación constituye una grave falta de planificación institucional y una violación flagrante al debido proceso. Los estudiantes tienen derecho a conocer con antelación sus calificaciones y a presentar descargos si consideran que hubo un error o injusticia académica”. Heiner Gómez, estudiante de décimo semestre, afirmó que su examen de Psiquiatría fue anulado sin procedimiento formal alguno, tras ser señalado por la docente de continuar escribiendo cuando ya había terminado el tiempo. “Solo estaba pasando mis respuestas de lápiz a lapicero, como se le había indicado, y no se me permitió explicar la situación ni ejercer mi derecho a la defensa. La nota nunca fue publicada formalmente. Mi caso quedó en blanco en el sistema, y la Universidad no abrió investigación ni me permitió defenderme. Ayer fue un acto importante en mi vida académica y no pude participar”, expresó el estudiante, quien señaló que interpuso una acción de tutela para exigir la protección de sus derechos fundamentales”.

VOZ DE LA RECTORA

Por su parte, la directora de la institución Adriana Santarelli, al ser consultada, afirmó que la publicación de las calificaciones en ese lapso de tiempo hace parte del cronograma establecido, y que quienes no alcanzaron el puntaje mínimo no podían participar en la ceremonia. “Nuestra responsabilidad es garantizar que los estudiantes pasen sus materias con base en logros reales de aprendizaje. Aquellos que no cumplieron con los requisitos deberán repetir el curso”, señaló.

DAÑO EMOCIONAL

Sin embargo, familiares y estudiantes denunciaron un daño emocional significativo, al haber invertido tiempo y recursos para asistir a la ceremonia, sin recibir información oportuna sobre la situación académica de los jóvenes. Algunos acudientes viajaron desde otras ciudades para acompañar a sus hijos. “Lo mínimo que pedimos es respeto por el debido proceso y una revisión justa de nuestras evaluaciones. No nos negamos a ser evaluados, solo pedimos transparencia y oportunidad de defendernos”, dijo otro de los afectados.