La Procuraduría General de la Nación solicitó medidas urgentes para proteger a la comunidad indígena de Geando, desplazada en el Chocó, y a los habitantes de al menos diez veredas del Guaviare, luego de advertencias sobre posibles convocatorias armadas por parte de integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central que, según el organismo, estarían poniendo en riesgo a la población civil. La Procuraduría dirigió un oficio al comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 32 para que informe sobre las acciones emprendidas tras conocerse un audio en el que alias “Miller Nariño”, presunto integrante del Bloque Jorge Suárez Briceño de esa disidencia, convocó a pescadores, comerciantes y residentes de varias veredas del municipio de Mapiripán, a una reunión el pasado 13 de mayo en Barranco Colorado. Las zonas mencionadas incluyen Barranco Colorado, Caño Minas, Caño Negro, Mapiripán, Nare, El Mielón, Puerto Limón, Casa Roja, Los Cámbulos y San José del Guaviare. Según el Ministerio Público, esta convocatoria representa una violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en medio de un contexto de conflicto armado. La Procuraduría recordó que el 17 de abril fue expedido un decreto presidencial que ordenó la suspensión de operaciones ofensivas contra frentes del Estado Mayor Central, incluyendo el bloque señalado. Por ello, solicitó que se adelanten medidas que salvaguarden la vida de los habitantes y el cumplimiento del orden constitucional en la región. En paralelo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos pidió la intervención inmediata del Estado ante la crítica situación que vive la comunidad indígena de Geando, desplazada desde hace cuatro años y asentada actualmente en la Casa Humanitaria del municipio de Pizarro, Chocó. El ente de control alertó que niños, niñas y adolescentes están en riesgo de reclutamiento forzado y otras formas de violencia, mientras que problemas graves de salud y nutrición ya habrían causado la muerte de dos menores de cinco años y una adulta mayor. La Procuraduría subrayó que esta población es sujeto de especial protección constitucional y urgió a las autoridades a adoptar medidas administrativas con enfoque diferencial. Entre las entidades requeridas se encuentran los ministerios del Interior, Defensa y Salud, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Pizarro. El organismo enfatizó que sus actuaciones preventivas respetan plenamente la autonomía de las entidades involucradas, pero reiteró su obligación de actuar ante situaciones que comprometen la seguridad, dignidad y derechos fundamentales de poblaciones vulnerables.   /Colprensa