La Corte Suprema de Justicia inadmitió la demanda de casación presentada por la defensa de Amanda Azucena Castillo Cortés y dejó en firme la condena en su contra por los delitos de falsa denuncia contra persona determinada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, en el caso relacionado con el joven Sergio Urrego, quien se quitó la vida en 2014. Los hechos ocurrieron en el colegio Gimnasio Castillo Campestre de Bogotá, cuando una fotografía de Urrego junto a su pareja sentimental fue encontrada en el celular de una compañera. La imagen fue el inicio de una serie de acciones institucionales que terminaron por aislar y señalar al estudiante. Según los fallos de instancia, Castillo Cortés, rectora de la institución, no solo condicionó la permanencia de uno de los estudiantes involucrados, sino que también promovió versiones falsas de acoso sexual y presionó a los padres de uno de los menores para presentar denuncias ante varias autoridades, pese a conocer que la relación entre ambos jóvenes era consentida. En primera instancia, Castillo Cortés fue condenada a 130 meses de prisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la pena a 106 meses, mantuvo la multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos y le concedió prisión domiciliaria. Los jueces concluyeron que Castillo Cortés indujo a los padres del joven Danilo Pinzón a denunciar falsamente a Sergio Urrego por acoso sexual, lo que derivó en su estigmatización y exclusión del entorno escolar. Además, ocultó y manipuló documentos clave del proceso interno del colegio y obstaculizó las labores de inspección judicial. El alto tribunal desestimó los tres cargos presentados por la defensa de Castillo Cortés en su intento por tumbar el fallo. El primero, que alegaba violación al principio de congruencia por una supuesta modificación del rol de la acusada como determinadora en lugar de coautora, fue rechazado al considerar que no afectó el derecho a la defensa ni la estructura del proceso. El segundo y tercer cargo, que apuntaban a errores en la valoración de las pruebas sobre la denuncia presentada por Castillo y sobre la supuesta inexistencia del ocultamiento de pruebas, también fueron descartados por no demostrar yerros de hecho ni jurídicos que alteraran el sentido del fallo. Para la Sala, la responsabilidad penal de la exrectora fue adecuadamente establecida desde las primeras etapas del proceso y ratificada por los elementos probatorios presentados en juicio. El caso de Sergio Urrego se convirtió en un símbolo de lucha contra la discriminación por orientación sexual en instituciones educativas. Su madre, Alba Reyes, ha liderado una campaña nacional por el respeto a los derechos de los jóvenes LGBTIQ+, impulsando iniciativas legislativas y educativas en memoria de su hijo. /Colprensa