Un empleado venezolano, que pidió mantener el anonimato, declaró ante el medio mencionado que no se le permitió ingresar a su lugar de trabajo en un resort de Disney el martes por la mañana, en lo que representa una de las primeras consecuencias visibles del fallo judicial. La medida afecta directamente a unos 45 trabajadores, aunque el impacto a nivel estatal y nacional podría ser mucho mayor. En Florida, unas 360.000 personas cuentan con TPS, y se estima que el 60% son de nacionalidad venezolana. A nivel nacional, más de 600.000 venezolanos se benefician de este mecanismo migratorio. El TPS, creado en 1990, ofrece protección temporal contra la deportación y permite trabajar legalmente en EE.UU. a personas provenientes de países en crisis. Venezuela fue incluida en 2021 debido al colapso económico y político bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el fallo de la Corte Suprema no resuelve de forma definitiva la legalidad del TPS, sí permite al gobierno federal suspender el programa mientras se resuelve el litigio. Una nueva audiencia está programada para la próxima semana en California, donde el juez Ed Chen había bloqueado anteriormente la revocación al considerar que carecía de fundamento. Líderes sindicales también expresaron preocupación por las consecuencias económicas. Marc Perrone, expresidente del Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio, estima que entre el 10% y el 20% de los empleados del sector tienen permisos temporales. Su pérdida podría traducirse en escasez de mano de obra y un aumento en los precios de los alimentos.