El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ficha clave para el presidente de la República, Gustavo Petro, enfrentará un juicio por presunto tráfico de influencias, relacionado con hechos ocurridos durante su etapa como concejal de Bogotá en 2008. Todo esto, en paralelo a su labor al interior del gabinete del jefe de Estado, que sufrió importantes reveses con el hundimiento de la consulta popular: mecanismo con el que quería sacar adelante algunas de sus propuestas en materia laboral. Ayer se conoció apartes del escrito de acusación contra el jefe de la cartera, el caso será llevado ante la Sala de Primera Instancia del magistrado Jorge Emilio Caldas, con una audiencia programada para el lunes 26 de mayo. La acusación está respaldada por un documento que detalla las acciones que, presuntamente, buscaban favorecer su posicionamiento político mientras ejercía como cabildante distrital. Según el citado escrito de acusación, el hoy ministro Sanguino habría intervenido para influir en el nombramiento de la gerente del hospital de Usme, lo que le habría permitido manejar los contratos de la institución, incluidos proyectos significativos y obras de infraestructura. “La influencia ejercida por el señor Antonio Sanguino tenía el fin de obtener un beneficio ilícito consistente en controlar la contratación del hospital de Usme, a través de la gerente que él mismo solicitó nombrar”, se leyó en el documento. El texto de la fiscalía delegada con el que Sanguino será llevado a los estrados indica que presentó su interés en estos nombramientos directamente al entonces alcalde de Bogotá, el ya fallecido Samuel Moreno Rojas, y al secretario de Salud de su administración. Este movimiento ocurrió durante los primeros meses de 2008, coincidiendo con la llegada de un nuevo equipo administrativo a la capital de la República, para la vigencia 2008-2011. La relación de Sanguino con el llamado carrusel de la contratación, un escándalo que marcó la alcaldía de Moreno Rojas, también figura en este caso, de acuerdo con la información referida. Aunque los detalles específicos de su supuesto involucramiento no son aún del todo claros, el medio resaltó que el proceso judicial lo enfrentará a acusaciones formales por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto implica que el alto tribunal evaluará los elementos recabados en la investigación. Un testimonio clave en el caso es el de Julio Gómez: empresario relacionado con el carrusel de la contratación durante la administración del exalcalde Moreno Rojas. Según la cronología del proceso, Gómez habría recibido directamente el contrato para la construcción y dotación de la sede del centro hospitalario, adjudicado a la persona designada por Sanguino; un asunto por el que el hoy ministro y exsenador está en la mira de la justicia, a 17 años de haber ocurrido los hechos. Con este panorama, Sanguino deberá preparar su defensa para refutar las imputaciones en su contra y las implicaciones de su presunto rol durante los eventos denunciados en esta etapa como miembro del cabildo distrital. Y que podrían apartarlo de sus funciones al interior de la actual administración, si los cargos en su contra, por la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, prosperan ante el alto tribunal.