La Defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia en medio de las decisiones que deberá tomar el Gobierno nacional respecto al futuro del cese de operaciones ofensivas contra las disidencias de alias ‘Calarcá’, principalmente con el Frente 33 en El Catatumbo, región fuertemente golpeada por el conflicto armado. Marín expresó el respaldo de la Defensoría a las salidas negociadas con grupos armados como el Frente 33, y otros actores armados, en el marco de la política de paz total del Gobierno. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión debe priorizar la protección efectiva de la población civil. “Recomendamos al Gobierno nacional que, antes de definir una zona de ubicación temporal para el Frente 33 y decidir sobre la prórroga del cese de operaciones, responda con claridad cómo evitará que esto se traduzca en una ventaja militar frente al ELN, o en un aumento del riesgo para las comunidades”, señaló Marín. Entre las preocupaciones planteadas por la Defensoría del Pueblo destacan:

• Ventaja militar y control territorial ¿Cómo garantizar que la protección estatal a la zona de ubicación no beneficie militarmente al Frente 33 en su disputa con el ELN, afectando a la población civil atrapada entre ambos actores armados?

• Ausencia de compromisos claros del grupo armado: La suspensión unilateral de operaciones ofensivas no se ha acompañado de garantías del Frente 33 de respeto a la población civil, líderes sociales o al medio ambiente.

• Verificación y prevención de abusos: ¿Cómo evitar que el Frente 33 utilice la zona para expandir su control territorial o continuar ataques contra personas que identifica como simpatizantes del ELN?

“¿Cómo se evitará que el riesgo para la población civil aumente con el establecimiento de esta zona de ubicación en el epicentro del conflicto?”, cuestionó la Defensora, instando a que cualquier avance en la negociación contemple mecanismos eficaces de verificación y protección humanitaria.