Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que el Instituto de Medicina Legal realizó 343 exámenes médico-legales por violencia sexual en contra de niñas y niños entre 0 y 4 años, entre enero y marzo de este año 2025, de los cuales 263 casos corresponden a niñas y 80 a niños. Frente a ese panorama, la entidad advierte una situación de violencia estructural que rechaza y en particular reprochó lo ocurrido hace varios días en el Hogar Infantil Canadá en Bogotá. “Lo que sucedió a las niñas y niños del Hogar Infantil Canadá no solo es un delito, sino que evidencia un incumplimiento del deber de garantizar los derechos de los niños de parte del Estado. El operador del ICBF, a pesar de ser una entidad privada, fue contratada por el Estado. El Estado es responsable de su actuación”, aseguró la defensora del Pueblo, Iris Marín. Señalaron que es urgente y necesario que desde la cabeza del gobierno se reconozca la responsabilidad en este caso y se construya una estrategia colectiva dirigida a identificar porqué se está materializando esta violencia contra los menores. “La Defensoría del Pueblo conoce y reconoce las medidas adoptadas por el ICBF. Se reunió con las víctimas, ha adoptado medidas para verificar el estado de las niñas y niños afectados del hogar infantil Canadá, suspendió los contratos con el operador y tomó el control de ellos. Esto es acorde con la responsabilidad sobre esta operación, pero sobre todo con su obligación de proteger a los niños y las niñas. Pero es insuficiente, es urgente y necesario que desde la cabeza del gobierno se reconozca la responsabilidad en este caso”, agregó. Asimismo, aseguró que es importante implementar acciones de protección y judicialización a las personas responsables de estos casos, para garantizar la seguridad de los niños del país.