El evento académico sirvió para analizar, desde las diferentes ramas del poder público, la sociedad civil y la academia, la conveniencia, retos y desafíos del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Con ocasión de los 20 años de vigencia de la Ley 906 de 2004, que establece el Código de Procedimiento Penal de Colombia, varios jueces, magistrados, abogados, estudiantes y servidores de la Rama Judicial debatieron sobre su contribución a la modernización del sistema judicial, identificando los desafíos como la alta congestión y la necesidad de una mayor agilidad en la administración de justicia. La Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta realizó ayer el “X Congreso Internacional de Derecho Penal”, propiciando un escenario académico cuyo objetivo fue analizar la efectividad, retos, desafíos y contribuciones del Sistema Penal Acusatorio colombiano. Con la participación de expertos académicos nacionales e internacionales se pudo reflexionar sobre el Derecho Penal en Colombia, el cual ha atravesado por diversas modificaciones, desde su parte sustancial hasta la procesal. El evento académico sirvió para analizar, desde las diferentes ramas del poder público, la sociedad civil y la academia, la conveniencia, retos y desafíos del Sistema Penal Acusatorio en Colombia, tras veinte años de su implementación en nuestro país. El Congreso fue instalado por el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Alfredo Méndez Alzamora, quien dio una especial bienvenida a los panelistas invitados al igual que a todos los asistentes al auditorio Rodrigo Noguera Laborde. “Esta Alma Mater se complace por ser el escenario de encuentro reflexivo en torno al Derecho Penal, en el marco de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta”, remarcó. En el evento intervino el magistrado Auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Calvete Merchán, quien reveló que en la actualidad hay más de tres millones de procesos represados. Habló de la creación de un Marco constitucional para quitarle las funciones judiciales a la Fiscalía y sobre todo para crear el principio de oportunidad incluso a nivel constitucional en aras de frenar más congestión. “La pena no se rebaja, se excluye, nadie sale con principio de oportunidad condenado al 20% de la pena o al 30%. El principio de oportunidad como lo tenemos contemplado era renuncia a la persecución penal o suspensión o interrupción con miras a la renuncia o sea que esos mecanismos se incluyeron en esa ley y forman parte bien importante de esa estructura”, indicó. En su disertación se refirió a los mecanismos para no llegar al juicio oral recordando que los tres más conocidos son: aceptar cargos, allanamiento y preacuerdos, así como el principio de oportunidad. Estos mecanismos permiten una resolución alternativa al proceso judicial, evitando la necesidad de un juicio y ofreciendo posibles beneficios para el imputado. Vale mencionar que la implementación normativa de novedosos tipos penales, la constitución de nuevos bienes jurídicos y la adaptación de sistemas procesales foráneas, han generado una particular composición de paradigmas, vacíos y, en otros espacios, fortalezas, que permiten destacar nuestro sistema penal a nivel internacional. En el evento académico se abordaron cuatro mesas en torno a la temática del Congreso “Estado, justicia y academia, con ocasión de los 20 años de expedición de la Ley 906 de 2004”. En la primera mesa: “Sistema Penal acusatorio en Colombia, retos y desafíos, luego de 20 años de su implementación”, con los doctores Juan José Castro, Massiel Ruiz Flórez, Diego Duque Zuluaga y Jonathan Peláez Sáenz. La segunda mesa discutió sobre “Derecho Penal en la academia: evolución, estrategias innovadoras y transformación de paradigmas”, con los doctores André Scheller D’angelo, Claudia Helena Serje Jiménez, Carlos Daza Zaragoza y Shirly Silva Maestre. La tercera mesa abordó la “Incidencia de los Derechos Humanos en la evolución de la justicia penal”, con los doctores Jorge Mauricio Donado, Constanza García Figueroa, Norma Elizabeth Alfaro y Carlos Julio Ruiz-Campo. Y en la cuarta mesa sobre “Política Criminal, Seguridad Pública y su impacto en el Derecho Penal”, intervinieron los doctores Jairo Villava del Villar, Jessica Núñez González, Santiago Trespalacios Carrasquilla, Adrián Argüelles Pertuz y César Osorio Moreno.