Según el sindicato, esta decisión compromete la gestión directa de más de 9.800 kilómetros de infraestructura crítica para el transporte de hidrocarburos, que hasta ahora ha estado bajo la responsabilidad de CENIT, filial de Ecopetrol encargada de la logística y transporte de crudo y productos refinados. Desde su creación en 2012, CENIT ha operado estas instalaciones con personal vinculado a la estatal petrolera. Sin embargo, la organización sindical denuncia que 21 de las 54 estaciones ya han sido entregadas a manos privadas. William Silgado Paternina, presidente de la Subdirectiva Única de Oleoductos de la USO, expresó su preocupación por el impacto que esta medida puede tener sobre el control fiscal de los recursos públicos. "Esta grave situación evitaría el control fiscal de los recursos públicos por parte de los organismos de control como la Procuraduría y Contraloría, además de poner en riesgo el manejo del transporte y abastecimiento de crudo y sus refinados en Colombia, debido a la falta de idoneidad de los contratantes", señaló. Los trabajadores advierten que esa política de tercerización se enmarca en el proyecto denominado OPES (Operaciones Sostenibles), el cual contempla una reducción significativa de personal en las estaciones. De acuerdo con la USO, algunas plantas han quedado sin operadores y otras, que antes contaban con dos trabajadores por turno, ahora funcionan con solo uno. Esta situación, aseguran, vulnera normas internas e internacionales relacionadas con la seguridad operativa e industrial. "Ecopetrol está argumentando estas acciones porque, según ellos, la operación como se está llevando a cabo sale muy costosa. Lo que desconocen es que pondrán en riesgo los procesos y la seguridad industrial al poner la operación en terceros de capital privado que no van a tener la misma responsabilidad social y contractual que hoy en día tiene Ecopetrol y su grupo empresarial", agregó Silgado. El sindicato también alertó sobre los posibles riesgos que esta política implica para las comunidades cercanas a las estaciones y para los propios trabajadores, quienes se verían expuestos a condiciones laborales más precarias y a una mayor inseguridad operativa. Finalmente, la USO insistió en la necesidad de que el Congreso examine a fondo las implicaciones de esta estrategia empresarial, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad del empleo como del cumplimiento de los estándares de seguridad y del adecuado manejo de bienes públicos estratégicos para el país. /LaFM