Cuando todo estaba pactado para que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres , Olmedo López, fuera condenado por el escándalo de corrupción en esa entidad, un juez tumbó el preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía. El exdirector había acordado una pena de seis años y dos meses de cárcel a cambio de entregar información que permitiera desentrañar el caso, sin embargo, el juez que debía aprobarlo tomó la decisión contraria, lo tumbó al considerar que la pena es “irrisoria” frente a los actos ilegales que cometió. Todo ello al argumentar que López participó en tres eventos delictivos en los cuales se habría apropiado de más de $20.000 millones, pero solo se comprometió a devolver $724. La investigación apunta a que dentro de la UNGRD se creó una "organización criminal", como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas. Todo dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados. Contrario a esta decisión ya fue condenado el exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  Sneyder Pinilla a cinco años, ocho meses y un día de prisión después de que fuera aprobado el preacuerdo que había suscrito Pinilla con la Fiscalía. En ese acuerdo, el exsubdirector se comprometió a devolver 618 millones de pesos que se habría apropiado ilegalmente. Dinero que ya reintegro. El Juzgado 05 Penal Especializado de Bogotá  consideró que la pena es insuficiente para el desfalco de más de $25.000 millones que se decretaron en tres eventos delictivos. Y que la negociación judicial “desconoce flagrantemente el principio de proporcionalidad de las penas”. “La Fiscalía parte de una pena considerable para un monto inferior y luego propone un aumento casi simbólico para los peculados adicionales que suman más de $25.000 millones”, explicó el juez. El preacuerdo abarcaba dos delitos: concierto para delinquir y peculado por apropiación, y una rebaja de pena del 40 %. El ente acusador pactó el beneficio judicial para Olmedo López a cambio de su colaboración con la justicia. Él lideró una ‘empresa criminal’ para apropiarse de recursos del Estado mediante contratos fraudulentos y sobornos. López leyó una carta en la que pidió perdón en plena audiencia: “En el marco de ese acto consciente, rompí mi silencio, inicié un proceso de colaboración entregando mis declaraciones y aportando pruebas que comprometían a contratistas y a personas de enorme poder en el Gobierno y en otros sectores del Estado. Sabía que mi decisión tendría consecuencias, pero entendí que callar sería traicionar, no solo a la justicia, sino mi conciencia, a Dios y al pueblo colombiano”, señaló López. NIEGA RECUSACIÓN De otro lado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo rechazó la recusación interpuesta en su contra por la Red de Veedurías Ciudadanas, que pedía que se declarara impedida para conocer las actuaciones del entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo - La recusación alegaba dudas sobre su elección como jefe del ente acusador y supuestos intereses indebidos, basándose en la decisión de negar la posibilidad de suscribir un principio de oportunidad con la exconsejera, Sandra Ortiz. Sin embargo, la jefe de la Fiscalía niega el impedimento, tras advertir que no tiene injerencia, ni decisión en la investigación. Y que los fiscales que llevan el caso son autónomos e independientes. “No es la suscrita Fiscal General la que dirige la investigación: ella se asignó a los Fiscales 9 y 11 Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia y a la fiscal 79 Especializada adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien dicho sea de paso, ya venía conociendo de la investigación desde antes de mi designación como Fiscal General de la Nación. Las mencionadas fiscales cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función y para adoptar decisiones en la investigación a su cargo”. /Colprensa